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martes, 9 de agosto de 2011

Secuestro y cadena perpetua


08/08/2011
María Camila Morales
La fundación colombiana “País Libre” dio a conocer en Chile las cifras del secuestro en América Latina (2005-2009) y los resultados son muy preocupantes. No se sabe qué aterra más, si la frase que dice: una persona fue plagiada cada tres horas en Latinoamérica o siete de cada diez secuestros en el mundo suceden en nuestra región.
Además los números con los que trabajan los expertos son los llamados “oficiales” es decir aquellos en los que el secuestro ha sido denunciado pero existen los secuestros “oscuros” o no reportados de los cuales no se tiene información confirmada.
Colombia solía estar en el primer puesto de la clasificación de “País Libre”. Pero México la ha superado. Según el diario El Universal, el incremento ha sido del 317% en los últimos 5 años. Venezuela no se queda atrás con un rápido aumento y los países de Centro América se han sumado a la industria del secuestro. Un negocio lucrativo que le produce a sus responsables en América Latina beneficios que superan los 1.400 millones de dólares anuales.
En la actualidad la autoría no se limita únicamente a las guerrillas (FARC, ELN) o paramilitares. El secuestro enriquece y financia también a los carteles de la droga, a las bandas criminales, a la delincuencia común y sobre todo a las nuevas mafias de migrantes.
México espera el final de las vacaciones de agosto para que el pleno de los diputados apruebe un proyecto de ley que blinda finalmente su lucha contra el secuestro. Se trata de condenar a cadena perpetua a los secuestradores que asesinen, torturen o abusen sexualmente de sus víctimas.
Los proponentes de la bancada del PAN consideran que la legislación actual no es ni lo suficientemente disuasiva ni eficaz para luchar contra este terrible flagelo. Además existe una corriente en la sociedad mexicana que quiere mano dura para todo secuestro.
Sin asegurar que se aplique en México la Ley del Talión, los ciudadanos que están a favor quieren que “la muerte en vida”, que significa el secuestro, no siga en la impunidad. Sus partidarios hacen referencia a la declaración de los Derechos del Hombre y al Derecho Internacional Humanitario para exigir un castigo ejemplar que corresponda al sufrimiento que padecen las víctimas y sus familias.
Pero la firmeza y la no tolerancia también son criticadas. La Constitución mexicana no olvida el derecho que tienen en ese país los delincuentes para su rehabilitación.
La fragilidad del poder judicial, la corrupción y la crisis de valores en América Latina no ayudan a la lucha contra el secuestro. Nuevas modalidades se han desarrollado y exportado. El “paseo millonario” o “secuestro express” está haciendo estragos también en Ecuador, Brasil, Argentina, Guatemala y El Salvador entre otros. La legislación contra este tipo de delito ha evolucionado imponiendo penas más severas. Pero los casos siguen aumentando de forma alarmante.
Si todos los actores de la sociedad civil latinoamericana no denuncian, rechazan y actúan con determinación frente a este flagelo, no serán ni las leyes ni la fuerza las que logren poner fin al secuestro.

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