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lunes, 21 de mayo de 2012

De reforma tributaria, educativa y otros cuentos en Chile



21/05/2012

Pedro Áriel Rementería González*

Advertencia: al terminar de leer esta lectura, las palabras se las pudo haber llevado el viento.  La política cada día está más vertiginosa.

A fines del pasado mes de abril el Presidente de Chile, Sebastián Piñera anunció la Reforma Educacional y Tributaria a través de cadena nacional de radio y televisión. Una promesa hecha desde hace unos meses a petición de los estudiantes chilenos pero dirigida hacia todos los sectores de la economía.

Revisando la prensa nacional al día siguiente, para mi sorpresa, me encontraba con que el anuncio presidencial traía aplausos y vituperios de los diversos sectores políticos y estudiantiles. ¿Acaso no era lo que Chile necesitaba para avanzar más rápido hacia el desarrollo? ¿Qué tenía de malo la reforma? ¿De dónde salieron tantos expertos economistas?

Vamos primero al monto total: entre US$ 700 y US$ 1000 millones anuales adicionales de recaudación. Suena bastante, pero es poco. En suma, aumenta la carga tributaria total de Chile de aproximadamente el 20% al 20.3% del PIB. Como referencia, la carga tributaria total de Uruguay es 23%, la de USA es 27%, Canadá 32%, etc.

La última vez que en Chile se hizo una reforma tributaria fue en el año 91’, bajo el Gobierno de don Patricio Aylwin, partidario democrática cristiano. Una reforma en grandes líneas, continuativa del modelo económico de mercado, instaurado bajo el gobierno o dictadura (concedo palabra a gusto del lector) por 30 años de Augusto Pinochet. De ahí en adelante, durante los próximos 20 años, la dirección económica de Chile estaría bajo gobiernos de izquierda o concertación. Estos gobiernos no modificaron ninguna coma del modelo económico neoliberal instaurado en Chile, lo expandieron a todas las aristas posibles: educación, salud, transporte, y un largo etcétera.

Ajustemos el reloj.  En la campaña presidencial de Sebastián Piñera del año 2009 no figuraba dentro de sus promesas de campaña una modificación (ni menos una revisión) al sistema administrativo de recaudación impositivo chileno ni a la educación. ¿Por qué? Porque toda subida de impuestos es impopular y todavía no había estudiantes en las calles protestando a favor de una educación universitaria gratuita de buena calidad.

Chile tiene un nivel de participación en la educación superior similar al de países como Austria, Francia, Hong Kong, Reino Unido, y Suiza. La diferencia reside en que el PIB por habitante de Chile es de alrededor US$ 13 mil por año mientras aquel de los países de comparación supera los US$ 35 mil. En otras palabras: Chile tiene una cobertura educativa de país rico con los medios de un país en vías de desarrollo.

Resultado: para financiar las carreras una gran cantidad de estudiantes universitarios tienen que endeudarse con créditos importantes para pagar los altos aranceles que exige la gran mayoría de universidades chilenas, ya sean planteles estatales o privados.

El discurso eterno ha sido que inyectar mayores recursos económicos solucionará el problema de la educación chilena. Aún no logro entender si el beneficio propuesto por el Gobierno consiste en un gasto adicional o en un crédito, conceptos distintos en materia tributaria.

En términos simples, los líderes estudiantiles plantean que inyectar más y más recursos a la educación no solucionará nada. Independientemente de que se castigue a un sector determinado, en este caso las empresas, para destinar esos recursos a la educación. Lo que buscan, es un cambio sustancial, de naturaleza y de esencia en nuestro modelo educacional. Ya no como simples piezas de un engranaje llamado libre mercado; sino, como ciudadanos críticos y que cada chileno tenga las mismas oportunidades para salir adelante en la vida, sin estar determinados por el sector socio económico de donde provenga. El simple incremento de fondos a disposición del gobierno no responde a ninguna de estas inquietudes.

Concluyo entonces que la política tributaria  y educativa deben tener un alcance que va más allá de la mera recaudación. Y, contra lo que mayoritariamente se ha sostenido, lo que está en disputa tras el sistema tributario no es simplemente el financiamiento de más o menos actividades del Estado, sino la forma que adoptan las instituciones que hacen posible nuestras relaciones sociales. Lo que deberíamos preguntarnos es si nos queremos entender como ciudadanos o como agentes de mercado en un modelo neoliberal, y no creer que la única pregunta relevante para solucionar los grandes conflictos sociales y económicos nacionales, sea cómo aumentar la caja del fisco.

Con esta reforma el gobierno de Presidente Piñera no soluciona el tema educacional.


*Pedro Áriel Rementeria : @arielrementeria. Estudiante de Derecho Universidad Andrés Bello. Columnista en el @quintopoder


jueves, 10 de mayo de 2012

Ecos del debate presidencial en México



Felipe Muñoz Gómez

En Bogotá, la noche del domingo 6 de mayo vi por CNN en español la transmisión del primer debate de los candidatos a la Presidencia de México.

Según normas constitucionales, el 1 de julio pueden aspirar a suceder a Felipe Calderón cuatro candidatos: Enrique Peña Nieto, exgobernador del estado de México, escogido por el PRI; Andrés Manuel López Obrador del PRD en coalición con unos partidos de izquierda y quien en la anterior elección del 2006 perdió por pocos votos la presidencia contra Calderón; Josefina Vásquez Motta del PAN -actual partido de gobierno- y quien ocupó la secretaría de educación durante este gobierno; y Enrique Quadri respetado académico y profesor universitario escogido por Nueva Alianza, joven partido que surgió de los educadores.

A esa misma hora en México, el debate solo era emitido por dos cadenas menores de televisión. No deja de extrañar la poca atención mediática que despertó el debate a nivel local considerando que era la primera vez que se enfrentarían públicamente todos los candidatos.

Antes del debate, existía un ambiente de expectativa justificado. Según todos los sondeos, el candidato Peña Nieto ganaría la Presidencia con un margen de alrededor de 15 puntos. Por esto, la campaña del PRI había dicho que su candidato no participaría en debates, pues no los necesitaba.

Las políticas que interesan a la región y que están ligadas con mi experiencia, fueron agrupadas en: seguridad, justicia y combate al crimen organizado. Pero las respuestas no llegaron al fondo de la problemática mexicana y en algunos casos ni siquiera trataron los temas.

Hagamos memoria. Fue el Presidente Calderón quien decidió de manera clara combatir al crimen organizado que echaba raíces en el sistema mexicano. Esa guerra frontal iniciada en el 2006, sumada a una recomposición de los carteles en la región, disparó –entre muchos otras consecuencias- una violencia muy compleja en México y aumentó en los vecinos mexicanos la tasa de homicidio a niveles de liderazgo mundial. Dicha guerra se alimentó gracias a las alianzas entre los capos colombianos y mexicanos y la consolidación de rutas en Centroamérica, en especial el triángulo norte (Guatemala, Honduras y el Salvador).

Cifras que ilustran esta realidad abundan. Cerca de 50.000 muertos durante el actual gobierno en su lucha contra los narcos. Y aunque la tasa de homicidios por 100.000 habitantes es relativamente baja en comparación a sus vecinos (3 o 4 veces menos), la concentración geográfica de la violencia en algunos estados es desconcentarte.

El salvajismo de las luchas entre carteles y la infiltración mafiosa en estamentos de la sociedad como la policía y la política hacen de esto un provocativo plato para los medios de comunicación. Estos reportan todos los días sobre la “guerra de Calderón” -como injustamente algunos políticos la han llamado- como si fuera un tema del gobierno de turno y no del Estado y la sociedad mexicana.

Los opositores a Calderón y el PRI en particular – que quiere retomar el poder que perdió hace 12 años y que tuvo por más de 60 - han tomado esto como tema de campaña. Culpan a Calderón de los muertos e incluso se han oído voces que hablan de posibles negociaciones con los narcos. Por eso se esperaba una reflexión pública entre negociar o no negociar, entre mano dura u otras alternativas, entre reformar o no las policías en el país. Pero nada de esto sucedió.

Sobre la política penitenciaria el único que mencionó cifras para validar sus propuestas fue Quadri; como la de separar presos de crimen organizado de los demás y participación de privados en resocialización. Peña Nieto se limitó a decir que se necesitaban más recursos para ese sector, mientras López Obrador se dedicó a atacar a Peña Nieto por temas de corrupción. Josefina fue enfática en asegurar que ella no negociaría con el crimen organizado enviando un guante al del PRI que no fue recogido y proponiendo una policía nacional con disciplina militar.

De policía nacional habló también Quadri pero con ideas más audaces. Una de ellas es eliminar las policías locales y dejar una fuerte a nivel federal y estatal. Hay en México cerca de 2.000 cuerpos de policía locales.

En el segmento de justicia Peña Nieto alertó que se debe terminar de implantar el sistema oral acusatorio, lo cual fue repetido por Quadri quien además propuso que el estado que no lo haga reciba sanciones. López Obrador continuó sus ataques al líder de las encuestas y Josefina se fue por el lado del Ministerio Público al cual prometió fortalecer en número de fiscales.

Para ser justos Peña Nieto estuvo menos débil de lo que decían sus contradictores, Josefina más fuerte de lo que sus propios copartidarios creen que es, López Obrador menos incisivo de lo que nos tiene acostumbrados y Quadri mucho mejor de lo que él mismo hubiera esperado. Pero no pequemos de aguafiestas. No todo fue aburrido.

Los debates presidenciales siempre traen sorpresas y este no fue la excepción. Para mí las dos sorpresas fueron: el ascenso del profesor Quadri y la modelo argentina Julia Orayen.

La voluptuosa mujer quien fue portada de Playboy México hace unos meses lució un vestido muy escotado cuando al inicio del debate tuvo que entrar al set a repartir los turnos a los candidatos. Dos minutos de aparición le ganaron en las redes sociales a todos los candidatos juntos.

A mi juicio, los aspirantes tienen deudas con los electores en las propuestas para seguridad y justicia. Sobra mencionar la importancia económica y política de México para el continente y para Estados Unidos. Sobretodo de lo que allí se decida en temas de crimen organizado depende en gran medida el futuro de la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica.

Felipe Muñoz se dedica a la consultoría en temas de seguridad pública,  ciudadana y  justicia  en América Latina. Hasta finales del 2011 y por 3 años fue Director del DAS (Agencia de Inteligencia de Colombia). Ha ocupado varios  cargos en el gobierno nacional y en la Alcaldía de Bogotá. Ha sido profesor universitario sobre temas de América Latina y de desarrollo urbano. Estudió finanzas y relaciones internacionales y tiene una maestría en planeación urbana en London School of Economics.


jueves, 3 de mayo de 2012

Las nacionalizaciones y el respeto del Estado de Derecho en América Latina


03/05/2012

María Camila Morales

Los franceses muy acertadamente dicen: “no se cambia una fórmula ganadora” y las nacionalizaciones del 1 de mayo no le fallan a Evo Morales.

Desde que llegó al poder en el 2006, el mandatario rinde homenaje a los trabajadores de Bolivia mediante expropiaciones de empresas controladas por extranjeros  que han estado, según él, robando al país como si fueran tiempos de la colonia.

Un acto de soberanía, como dicen los argentinos, quienes junto a los venezolanos y ecuatorianos son especialistas en la nacionalización de hidrocarburos.

Nadie pone en duda el derecho legítimo de los Estados de disponer de sus recursos naturales. Dicho principio fue avalado por la Asamblea General de la ONU en 1962.

Ese derecho fue despreciado por ciertos gobiernos anteriores que no firmaron acuerdos “equitativos” y no sopesaron las probabilidades de una subida del precio del barril de petróleo. Tampoco se interesaron por el medio ambiente ni por el bienestar prometido por su explotación.

Pero para lograr una justa repartición de los dividendos existe una figura llamada “renegociación de contrato”. No incluye ni al ejército, ni a la policía y es respetada por la comunidad internacional. Una herramienta jurídica que en Caracas, La Paz, Buenos Aires y Quito conocen y han utilizado los propios gobiernos en otras ocasiones. 

Los ejemplos sobran: la renegociación por el gobierno de Evo Morales (aún bajo amenaza de expropiación) de los contratos de exploración y producción de gas fue exitosa con todos los participantes incluyendo a BG Group (Reino Unido), Total (Francia), Repsol (España) y Petrobras (Brasil).

Los bolivianos siguieron el mismo modelo que utilizó Venezuela en la “migración” de sus contratos petroleros con Repsol, Petrobras y Chevron a empresas mixtas donde PDVSA tiene la mayoría de acciones.

Sin embargo, desalojar “manu militari” de las oficinas a ejecutivos españoles o ingleses, le pone más drama y valor político a los gobiernos de izquierda cuya favorabilidad ya no anda por las nubes. 

Esta vez fueron las acciones de Repsol en YPF y las acciones de Red Eléctrica de España en la empresa Transportadora de Electricidad S.A. Seguramente no serán los últimos “castigados” porque la recuperación de los recursos nacionales y servicios básicos se ha vuelto una lema de campaña en los países del ALBA y Argentina.

Se puede criticar el fondo de la lógica neoliberal del “Consenso de Washington” de los años 90 con la privatización masiva de los recursos naturales y servicios de la región. 

Pero la forma de reorientar esa política no es con soldados que llegan sin preaviso a las instalaciones de compañías bajo control extranjero para tomar posesión de ellas. Ya había pasado en el caso de la compañía eléctrica británica Rurelec en Bolivia el 1 de mayo del 2010 y dos años más tarde ni el país es más rico, ni el déficit energético se ha resuelto.

La nacionalización no es el milagro para crear empleo y acabar con la pobreza. El Estado debe tener un plan de inversión, de financiamiento y de modernización de la infraestructura, acompañado de una transparencia administrativa para saber cómo reemplazar a los extranjeros que supuestamente expoliaban a los pueblos latinoamericanos.

Desafortunadamente, en la mayoría de casos, en lugar de convertir las nuevas empresas estatales en modelos de eficiencia, se han convertido en cajas menores de liquidez para solucionar problemas electorales.

El ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Solíz Rada, está pidiendo al presidente Evo Morales claridad e información acerca de las nacionalizaciones. ¿Por qué no se conocen los resultados de las auditorías petroleras ordenadas hace seis años?; ¿cuántas reservas de gas tiene el país?;¿cuáles serán las prioridades de la nueva inversión nacional?

Incluso Solíz Rada pregunta en el diario Los Tiempos: ¿por qué no se transformó YPFB en una moderna empresa corporativa como la brasileña Petrobras?

Los trabajadores y sindicatos de Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Venezuela, nacionalizada en el 2008, van de huelga en huelga exigiendo: aumento de salario, ampliación de la nómina laboral y cumplimiento con las deudas a los proveedores.

Y se interrogan acerca de su futuro ante la caída de la producción  de acero.  Venezuela pagó unos 1.8 mil millones de dólares por esa nacionalización que podrían haber sido utilizados en vivienda, hospitales y colegios.  Hoy en día, la compañía no vale nada por falta de inversión y su nuevo dueño, la Republica Bolivariana de Venezuela, no tiene dinero para inyectarle.

Los recursos naturales sí son “commodities”, contrario a lo que dice el vice-ministro argentino de Economía y Finanzas Axel Kicillof  quien en el Senado aseguró que Argentina dejará de tratarlos así, para convertirlos en recursos estratégicos que ayudarán a la redistribución del ingreso. Si no fueran una fuente de dólares para los países, no los nacionalizarían. Producen ganancias apetecidas no solamente por las multinacionales, sino también por la corrupción nacional.

Hay un papel para los inversionistas extranjeros como contratistas o accionistas minoritarios en estas nuevas compañías estatales: tienen acceso al crédito, al “know-how” y abren mercados para la producción.

Respetar los marcos jurídicos de la inversión es una garantía de desarrollo, progreso y responsabilidad. Los Estados pueden y deben sentarse a negociar (o renegociar) de “igual a igual” con los inversionistas existentes o futuros.

Si los mandatarios populistas dejan a un lado “el espectáculo de masas”, se instalará en su países un círculo virtuoso de crecimiento de ganancias y reinversión local en lugar de un círculo vicioso de apagones, menos pozos petroleros y mayor pobreza.