25/08/2011
María Camila Morales
Como una mala broma pueden interpretarse las explicaciones de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para no detener a los nueve militares implicados en el asesinato en 1989 de los jesuitas españoles.
No serán ni arrestados ni extraditados como lo solicita el juez Eloy Velasco para ser juzgados en España según el principio de “justicia universal”. La supuesta razón: la circular roja de Interpol no sería suficiente, pues se trata de un documento de localización y no de arresto.
Según el editorial del diario salvadoreño, La Prensa Gráfica, por fin se empieza a despejar jurídicamente el caso de los militares. Un alivio que suena más a una denuncia de injerencia de la justicia española en la soberanía judicial de El Salvador.
Sin embargo, hace tres meses la misma corte se pronunció a favor de la aplicación de una circular roja de Interpol. En el caso de una fallida captura de dos ex militares guatemaltecos, dictaminó que la notificación roja debía ser “considerada una orden de detención preventiva e inmediata y una vez ejecutada podían ser presentados ante cualquier juez de la República.”
Falta de memoria que justamente el principio de “justicia universal” ayuda a remediar. Los crímenes de “lesa humanidad” como el asesinato de los sacerdotes españoles no pueden ser borrados por las leyes de amnistía ni por la prescripción. Los familiares de las víctimas así como la sociedad salvadoreña necesitan explicaciones y un proceso justo para poder avanzar.
La competencia de tribunales extranjeros o internacionales en asuntos penales internos no convence a todos. En particular a aquellos que participaron de cerca o de lejos en las épocas oscuras y sangrientas que la justicia internacional quiere juzgar.
En El Salvador, las voces que han defendido “la claridad” de la Corte Suprema de Justicia señalan que una amnistía ya fue dictada y que el pasado no se revive.
Fórmulas que tienden a funcionar cuando se trata de firmar la paz, detener la violencia y empezar a construir un nuevo país. Pero en El Salvador como en otros países centroamericanos que sufrieron guerras, la reconciliación está solamente en el papel. Las 75 mil personas que murieron, los 7 mil desaparecidos y los cientos de miles de heridos, huérfanos y lisiados merecen algo más, señala la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
El rechazo por la justicia salvadoreña de la solicitud española a través de Interpol ha demostrado la reticencia del país a asumir sus responsabilidades. Tal vez, teme que se abra una Caja de Pandora que no le interesa manejar ni al poder ni a la oposición.
Desde el 2009, el entonces presidente Antonio Saca había dicho que dichas causas “no contribuyen al desarrollo democrático de nuestro país.” Por el momento en Madrid seguirán esperando a los militares salvadoreños.
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