Las chuzadas telefónicas ilegales

19/08/2011

María Camila Morales

Para nadie es un secreto que la información es poder. Aquel que conoce con detalle lo que sucede a su alrededor tiene una ventaja significativa frente al resto de los mortales. Más cuando se trata de gobernar un país y de hacer política.

Sin embargo, no debemos olvidar que todos los ciudadanos tienen derecho a la privacidad. Por eso no hay justificación creíble para los escándalos de las interceptaciones telefónicas que en la actualidad sacuden a nuestro continente.

Colombia, Chile y Venezuela por estos días tienen que lidiar con el debate (acusaciones) acerca de las “chuzadas” que desde las más altas esferas del poder habrían sido ordenadas.

El ex presidente colombiano Alvaro Uribe, pasó cinco horas en una audiencia libre en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, explicando su desconocimiento del tema. Una farsa según las personas que fueron víctimas de las “pinchadas”. Pese a que se tienen los documentos y las pruebas, el ex mandatario insiste que no ordenó espionaje de Estado.

En Chile, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que los Carabineros no actúan fuera de la ley. Una respuesta tajante a las declaraciones de un suboficial en retiro, quien reveló que escuchar las llamadas de parlamentarios, jueces y ex presidentes es “una práctica habitual” en el país.

En Venezuela, mientras tanto, el presidente Hugo Chávez indicó que los audios de conversaciones de la oposición (Oswaldo Alvarez Paz) que la televisión estatal está difundiendo, fueron enviados por sus propios miembros.

El punto en común que tienen las personas afectadas por las interceptaciones telefónicas es que "supuestamente" todos representarían un peligro para el Estado. Ya sea por sus convicciones ideológicas, por sus nexos con terroristas o por sus lazos con la oposición, son considerados como “enemigos para el país”.

En la mayoría de nuestros países, la ley exige un procedimiento judicial con motivaciones claras acerca del peligro que representan los individuos, antes de efectuar las interceptaciones. Si el poder Judicial goza de una verdadera independencia hacia el Ejecutivo, dicho control puede frenar los excesos del mandatario de turno.

Pero ciertos gobernantes han decidido establecer un camino más corto: delegar en sus servicios de inteligencia la labor de “seguimiento” según su propio criterio.

Discrecionalidad que es una amenaza para las democracias y para el estado de Derecho.

En Bolivia, la nueva ley de telecomunicaciones legalizaría la arbitrariedad de las chuzadas llamadas “de seguridad”. Según los legisladores oficialistas del MAS (Movimiento Al Socialismo) solamente se realizarán “en casos de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres”.

Si sufren un terremoto los bolivianos se entiende que los proveedores de comunicaciones permitan al gobierno libre acceso a las líneas; las demás razones se prestan a intensa reflexión.

En Chile, el ex presidente Ricardo Lagos decía que interceptar llamadas era una práctica de épocas que “han quedado atrás”. Con las nuevas tecnologías y el valor de la información, puede que esto no haya sido del todo entendido en Latinoamérica.