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martes, 25 de febrero de 2014

Ni de derecha ni de izquierda: matar no es un derecho en Venezuela


25/02/2014
  
María Camila Morales

Las tanquetas militares siguen en las calles de Venezuela y las víctimas continúan aumentando. Pero son pocos los gobiernos de la región los que han reaccionado para exigir que cese la represión y el hostigamiento a los estudiantes y a la oposición.

Las declaraciones diplomáticas ante la grave situación de los casos de violación de los Derechos Humanos no dejan de ser anecdóticas.

Habría que destacar al mandatario chileno, Sebastián Piñera, por condenar la violencia y recordarle a Nicolás Maduro que “los valores democráticos, las libertades y los Derechos Humanos hoy en día son universales y no conocen fronteras”. Pero por otro lado, la presidenta  Dilma Rousseff, no nombró a Venezuela en su rueda de prensa en Bruselas sino que prefirió referirse a “países en situaciones conflictivas” que necesitan soluciones consensuadas.

Brasil y Chile son algunos de los ejemplos de la incoherencia latinoamericana cuando hay muertos políticos.

Ninguna represión tiene justificación. En América Latina la derecha no puede ser sinónimo de república bananera y la izquierda de edén social. Si en los dos casos sus gobernantes pisotean los derechos humanos e instauran la persecución política, deben recibir el mismo tratamiento de repudio.

En las democracias la oposición es una representación del pueblo y no un objetivo militar. El servicio a la nación que prestan las fuerzas armadas, implica cumplir con los principios del Derecho Internacional Humanitario (respeto a la persona en caso de conflicto). La censura, la tortura y las desapariciones no son herramientas válidas para proteger a ningún gobierno ni siquiera de un Golpe de Estado.

Por eso, la voz de Latinoamérica debe ser una sola para desaprobar las acciones del régimen de Nicolás Maduro. No se trata de establecer bandos (“imperialistas” contra bolivarianos o “fascistas” contra revolucionarios) o de inmiscuirse en problemas internos de un país. Es solamente sensatez y responsabilidad histórica. Cualquier pensamiento político del siglo XXI, bien sea de izquierda o de derecha, que dice defender la no violencia (y menos por parte del Estado), la transparencia, la libertad y sobre todo la justicia para sus ciudadanos actúa ante lo inaceptable.

El Foro Penal Venezolano (una organización no gubernamental)  intenta en medio de la zozobra registrar y verificar las denuncias de los crímenes ligados a las protestas estudiantiles. Las cifras con las que cuenta son: 609 detenidos, 19 privados de libertad (incluyendo al líder opositor Leopoldo López) y 8 muertos (sin los miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia). Faltan los casos de torturas, maltratos y allanamientos sin órdenes judiciales.

Seguramente, algunos latinoamericanos dudarán de los números. Pero los muertos de la calle ya están enterrados y a sus familiares les pueden preguntar por la bala que recibieron. ¿Quién los asesinó? La intolerancia ideológica. Si fue la Guardia Nacional o los paramilitares (Tupamaros) o la delincuencia común, le corresponderá a una “comisión de la verdad” establecer lo sucedido. ¡Así funcionan las democracias!

Si América Latina quiere demostrar que aprendió de sus luchas contra las dictaduras (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia por mencionar algunas) podría empezar a exigir el respeto sin condiciones de los Derechos Humanos en Venezuela. Pero con su división, los latinoamericanos dejan claro que no tienen memoria y siguen experimentando con valores que acomodan a sus tiranos.

lunes, 17 de febrero de 2014

Ruido de libros y no de sables en Venezuela


17/02/2014
  
María Camila Morales

Las violentas protestas del pasado 12 de febrero en Venezuela no deben quedar en simples titulares de prensa. Los chavistas y los antichavistas necesitan claridad ante los muertos, los heridos y la censura. Porque un país no puede seguir adelante en su vida “democrática” señalando y persiguiendo enemigos casa por casa con armas.

Los estudiantes que salieron a manifestar su descontento con el gobierno de Nicolás Maduro son, así lo nieguen los ministros, el futuro de Venezuela. Es la juventud amamantada por el Socialismo del Siglo XXI (que las urnas llevan validando desde 1999) la que tendrá que mantenerlo vivo.

¿No era un diploma universitario para todos, uno de los sueños del fallecido Hugo Chávez? El 21 de noviembre del 2010, en Caracas  gritaba el Comandante para celebrar el día del alumno universitario: “¡que vivan los estudiantes, que son vanguardia de la Revolución!” y se emocionaba diciendo: “que viva la juventud de la Patria” la cual tiene nuevos horizontes. Porque los hijos de la clase obrera merecían las mismas aspiraciones educativas que los burgueses, insistía en sus discursos el difunto presidente. Quería formar a los mejores profesionales del mundo pero hoy su sucesor los persigue por las calles del país con policías y balas.

Los que están protestando y sangrando son los que se preparan para lidiar con las compañías nacionalizadas que no funcionan. Son los futuros economistas a los que se les exigirá encontrar soluciones para ocultar la inflación, el desabastecimiento, el lavado de dólares y la corrupción. Son los juristas que aprenderán a redactar contratos que sean del agrado de los chinos, de los iraníes o de los rusos. Son los esperados médicos y profesores que sin material adecuado salvarán vidas y educarán a la población bolivariana. Son los que fundarán nuevas familias en un país que se quedó con una infraestructura obsoleta, con los índices de inseguridad más preocupantes de la región y donde la prensa no tiene papel ni para imprimir los horarios de las novelas.

Trabajarán todos ellos en una potencia petrolera donde sus ingenieros comprarán pollos importados por PDVSA y se adaptarán a vivir con apagones eléctricos.

Es a estos universitarios a quienes se les explica en las aulas la definición de Derechos Humanos y su defensa en las verdaderas democracias. Por eso salen a la calle. Son ellas y ellos los que poseen el conocimiento para no confundir oposición con “fascismo” ni libertad de prensa con “imperialismo”. 

No es un golpe de Estado el que se prepara en Venezuela como denuncia Maduro ante el mundo. No son los conspiradores desde la Casa Blanca armando a los universitarios. No es el ex presidente Alvaro Uribe desde Colombia enviando paramilitares para sabotear el autoritarismo de los delfines de Chávez. No son ni Leopoldo López, ni María Corina Machado ni Henrique Capriles los responsables del hastío popular. El ruido viene de adentro, de la médula de una revolución a la que se le agota el tiempo y los dólares.

El cambio lo exige ahora una generación que quiere un mejor futuro con paz social para su país. Un reclamo tan válido como aquel que escuchó en su momento Hugo Chávez por parte de los olvidados por el régimen anterior.

Pero los libros asustan más a Maduro que los sables de los generales. Sin universitarios libres y capacitados serán entonces más militares, en impunidad e irresponsabilidad, los encargados de guiar la futura vida económica, social y asociativa del país. Un modelo al que no se le podrá seguir llamando “República”.







 

lunes, 10 de febrero de 2014

Chuzar.com


10/02/2014
Hernando Salazar
En Colombia el significado de la palabra chuzar –que también se usa en Bolivia y Nicaragua- va mucho más allá de lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua: “punzar, pinchar, herir”. En la práctica, chuzar significa intervenir ilegalmente una comunicación.
La palabra chuzadas, que se utilizó muy frecuentemente en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando la policía secreta seguía ilegalmente a magistrados de las altas cortes, periodistas y opositores, está sonando de nuevo, a raíz del descubrimiento de un restaurante que servía como fachada para una operación de inteligencia militar en Bogotá.
Además, desde ese restaurante, que también albergaba a una comunidad de internautas, se hacían interceptaciones de teléfonos, correos electrónicos y chats.
El caso, frente al cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos todavía no ha hecho total claridad, ha generado muchas dudas sobre información sensible del proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estaría llegando a sectores militares y políticos que se oponen a las negociaciones.
La preocupación surge porque nunca antes en la historia de Colombia un proceso de paz con las FARC –que llevan medio siglo en armas- había llegado tan lejos. Pese a las enormes dificultades, no se descarta que pueda sellarse un acuerdo en los próximos meses.
Las primeras versiones sobre el restaurante fachada indican que hubo supuestos seguimientos ilegales a los negociadores del gobierno, así como a periodistas que cubren los diálogos de paz, que se desarrollan en La Habana, y también a delegados de la guerrilla.
Tratando de marcar distancias con Uribe –de quien está profundamente alejado- Santos ha dicho que hay “fuerzas oscuras” detrás del entramado y ha enfatizado que ni él ni su gobierno se están beneficiando de las interceptaciones.
A finales de esta semana se conocerán los resultados de una investigación interna del Ejército sobre el caso, luego de que dos generales de inteligencia fueron separados transitoriamente de sus cargos.
El caso pone a prueba las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas, que manejan un robusto prepuesto en Colombia y que son fundamentales para que un eventual acuerdo de paz con la principal guerrilla del país (que tiene más de 7.500 hombres y mujeres en armas) llegue a buen puerto.
Más allá de lo que la investigación arroje y de las medidas que se tomen, el gobierno de Santos –que ha hecho una gran apuesta por la paz- tiene la obligación de enviarles un mensaje muy claro y contundente a todos aquellos que intentan sabotear sus esfuerzos por ponerle fin a 50 años de conflicto armado. Sólo así se evitará que las chuzadas puedan afectar la confianza entre las partes y herir mortalmente al proceso de paz.

lunes, 3 de febrero de 2014

La economía argentina: un tango a la deriva


03/02/2014
  
María Camila Morales

Pese a que en Argentina la matemática kirchnerista lograba superar todos los imposibles financieros, parecería que la realidad le ganó a la ficción económica. El país, como dice el tuit de @Darott no se puede seguir “emparchando con curitas porque es el Titanic”.

La pérdida de reservas internacionales, la devaluación, la inflación, el desempleo y el déficit energético sin olvidar el aumento de la pobreza y la inseguridad vuelven a golpear a los argentinos. Una historia que se repite con banderas políticas e ideológicas diferentes pero que encuentra de forma cíclica terreno fértil en Argentina.

Sin embargo, con cada colapso económico, los gobiernos  denuncian culpables diferentes. Esta vez el turno es para los “conspiradores económicos”. Un grupo heterogéneo que en el imaginario kirchnerista incluye a los exportadores de cereales, a China, a la oposición de derecha, a las multinacionales, a los fondos buitre incluso a los vendedores de dólares en la calle Florida.

Todos ellos serían los responsables, según el ministro de Economía, Axel Kicillof y su jefa Cristina Kirchner, de impedir que funcione el modelo progresista del peronismo.

En el análisis de los desafíos del ministerio que asumía, Kicillof declaró en diciembre pasado que “la reindustrialización trae tensiones”. Pero, ¿por qué Argentina llegó al punto de tener que hablar de reindustrializar cuando ya era un país que tenía un tejido industrial envidiado por el resto de los latinoamericanos?

Porque así no lo quieran admitir, la estatización que lideró Néstor Kirchner en el 2003 como prioridad para el desarrollo fue un error. Se detuvo la inversión en el país, se acabó el capital y aumentó el desequilibrio del gasto público.  

No cabe duda que los inversionistas extranjeros hacen negocios para enriquecerse y sus contratos tienden a reflejar ventajas para ellos. No actúan sin ánimo de lucro porque de lo contrario competirían con las obras de caridad.

Sin embargo, ¿no era más rentable renegociar con los inversionistas, crear un nuevo ambiente comercial con reglas más sanas en vez de declararlos personas usureras y no gratas?

En Argentina, con pocas excepciones, la inversión extranjera se ha ido (o la ahuyentaron) y ahora le sigue sus pasos también la inversión nacional, la cual no aguanta más ni las amenazas ni las restricciones que imponen los ministros de Cristina Kirchner. Además, el peso ya no lo quiere nadie, porque la incertidumbre monetaria no es garantía ni para el ama de casa ni para las petroleras.

El dólar vuelve una vez más a ser la moneda refugio para los argentinos. No es una presión cultural hacia dicha divisa como denunciaba Kicillof en el diario Página/12, es simplemente el resultado de su nefasta historia económica. La repetición de las devaluaciones  y de la hiperinflación despierta en los argentinos la reacción (natural) de querer proteger el valor de su patrimonio. El problema es que dólares tampoco quedan ya en Argentina.

La pesca milagrosa de la moneda norteamericana, llevó al presidente de la estatal YPF a Malasia, a ofrecer una participación en Vaca Muerta a la empresa Petronas. La reserva de gas más importante del continente como anzuelo para atraer millones de dólares. Incluso, Miguel Galuccio, ha ido a tocar las puertas de la tercera petrolera privada más grande del mundo, Chevron, para convencerla del potencial argentino.

Unos nuevos “socios” extranjeros que seguramente no serán ni menos imperialistas que Shell ni menos ambiciosos que Repsol.

¿Por qué no entienden los populistas que el capitalismo es ahora el mismo en Estados Unidos, Rusia e incluso en China? Pero sobre todo ¿cuándo comprenderán que Argentina no debe estar condenada a vivir cada década un absurdo tango económico que se baila entre crisis y bonanzas?