18/07/2011
María Camila Morales
“Ahora van por el oro ” así se refería el canal TN de Argentina a la demanda que el viernes pasado, presentaron contra el Estado los mineros chilenos rescatados de la mina San José.
Treinta y uno de los treinta y tres mineros de Copiacó, que hace casi un año permanecieron bajo tierra 69 días, han decidido ir ante la justicia y exigir 15,5 millones de dólares por: negligencia, daño moral y falta de servicio. “De héroes a villanos”, calificaba la página Internet impre.com la actitud de los sobrevivientes, quienes según su abogado Edgardo Reinoso, están “en todo su derecho de demandar al Estado”.
Sin embargo, la pregunta que se hacen dos de los mineros, Juan Illanes y Raúl Bastos quienes no se sumaron a sus colegas, es acerca de la responsabilidad directa de la tragedia. Los dos consideran que el proceso se debe establecer contra los dueños de la mina: Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. Una idea que compartían varios de los mineros antes de cambiar de parecer la semana pasada, según Bastos.
Oportunismo o legítimo derecho que también se discutió en su momento con la demanda presentada por Ingrid Betancourt secuestrada por las FARC en el 2002 contra el Estado colombiano.
Los códigos administrativos y las Constituciones de cada país están ahí para establecer los casos en los que se puede demandar: ausencia estatal, corrupción, negligencia, violación de derechos humanos, prevención de daños, entre otros.
No obstante, como dice el diario El Colombiano, demandar al Estado es “pan comido”. Los países de América Latina tienen un grave problema de transparencia, gestión y eficiencia en las administraciones públicas y su responsabilidad indirecta y directa se señalan en casi todas sus acciones. Así los verdaderos culpables (los dueños de la mina para los chilenos y las FARC para Ingrid) escapan de su responsabilidad y el Estado responde por sus actos. Es el mundo al revés.
Acudir a los estrados se ha vuelto en un negocio porque el Estado tiene un “bolsillo profundo” (a “deep pocket”) como dirían los norteamericanos e intentar defenderse es su gran debilidad. Al sufrir sus equipos jurídicos de las mismas carencias y errores humanos por los que suelen acusar al Estado, pierden con una frecuencia preocupante.
Un ejemplo de los desproporcionados montos de estos reclamos es Colombia. Según las cifras de la revista Dinero las demandas contra el Estado equivalen hoy al 26% del PIB anual!
Un hueco para el desarrollo de los países que podrían invertir en el fortalecimiento del Estado y en suplir esas ausencias que tanto incrementan el número de demandas.
Las tragedias no tienen precio que puedan compensar el dolor de aquellos que las vivieron. Pero los Estados y sus representantes podrían responder a través de la creación de fondos especiales que no constituyen un reconocimiento de responsabilidad sino una respuesta humanitaria a situaciones que enfrentan de forma excepcional sus ciudadanos.
En efecto, Piñera pasó más tiempo tomándose fotos con los mineros que pensando en el porvenir de ellos. El problema, para los demandantes es que no cuentan con una pensión y no consiguen trabajo. Un fondo de víctimas de la minería para un país como Chile sería más conveniente. Una estructura financiada por las compañías mineras que operan en el país. Un organismo serio que contara con acompañamiento para las familias, programas de educación, de vivienda, de salud y de reconversión profesional, no sería más productivo que una ola de demandas que tardarán años en resolverse?
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