23/09/2011
María Camila Morales
Volvieron los congresistas norteamericanos de vacaciones y los republicanos llegaron pisando más fuerte que antes. Esta vez el turno de la mano dura fue contra Argentina.
De ahora en adelante Estados Unidos se opondrá a toda solicitud de préstamo internacional por parte del gobierno argentino. No es una amenaza: lo pusieron en práctica esta semana cuando Argentina gestionaba un nuevo préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Nueva cara del gobierno Obama que no es el resultado de un impulso precipitado, sino de la presión de los republicanos que están cansados de ayudar a países y gobiernos que no cumplen con sus obligaciones internacionales y/o son críticos de Estados Unidos.
El debate acerca de la falta de cooperación argentina con Washington se llevó a cabo hace unos días en el Congreso cuando se analizaba la compleja situación del impacto del Banco Mundial y los bancos de desarrollo y la seguridad nacional.
El congresista republicano, Robert Dold, sacó a la palestra pública el tema que la diplomacia de Cristina Kirchner estaba intentando evitar desde hace meses. ¿Por qué Argentina no cumple con la Ley y saca provecho solamente de lo que le conviene en las jurisdicciones internacionales?
Mensaje que tiene el sello de los inversionistas estadounidenses que se quedaron sin negocios y sin compensación en Argentina y que quieren recuperar su dinero.
En particular, la compañía norteamericana Azurix, la cual ganó 165 millones de dólares en una demanda contra Argentina ante el CIADI (Centro de Arbitraje que depende del Banco Mundial) sin que el país haya cumplido con el laudo desde hace cinco años.
Multinacionales que llegaron a Argentina durante los años noventa con unas reglas de juego claras protegidas por una red de más de cincuenta Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs o BITs) promovidos por el país suramericano; cuando dichas reglas se cambiaron brutalmente durante la crisis de 2001, las empresas extranjeras hicieron valer sus derechos ante la institución arbitral del Banco Mundial.
Los BITs se firman para cumplirlos. De lo contrario no se entendería ni la importancia que les dan los gobiernos, ni el tiempo que gastan en su negociación e implementación.
La paradoja del pulso que tiene Argentina con los inversionistas extranjeros que la demandaron es que se enorgullece del sistema cuando gana los pleitos pero ignora los fallos y sus obligaciones internacionales cuando los pierde.
Argentina es el único país de América Latina que no ha pagado los laudos del CIADI. Hasta países más radicales en materia de jurisdicción extraterritorial como Ecuador y Venezuela han respondido cuando pierden ante el foro internacional. Si Argentina no está de acuerdo con el sistema, debería denunciar los BITs y salir del CIADI (y sus correspondientes ventajas que atraen a los capitales extranjeros) pero no puede seguir siendo miembro de una institución internacional de cuyas reglas se burla.
Pareciera que el comportamiento de Argentina no será tolerado más por Estados Unidos. Por el contrario, la subsecretaria para Mercados Internacionales y Desarrollo del Tesoro, Marisa Lago, espera que otros donantes rechacen también nuevos créditos internacionales.
Y si se trata de ligar los fallos impagados de Argentina frente al CIADI o al UNCITRAL (reglamento de arbitraje de Naciones Unidas), la lista de países se extendería en un principio a Francia (Vivendi) y Gran Bretaña (BG Group y National Grid).
La sanción de Estados Unidos a los créditos argentinos lo que quiere es forzar el respeto por parte de los países firmantes de BITs a que cumplan con las obligaciones internacionales que han contraído.
Si un país puede ignorar dichos compromisos sin consecuencias, el “estado de derecho” (rule of law) internacional estaría comprometido en su integralidad. Por lo tanto, si Argentina quiere volver a ser un país atractivo para los inversionistas, debe empezar a pagar los laudos.
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