25/02/2014
María Camila Morales
Las tanquetas militares siguen en
las calles de Venezuela y las víctimas continúan aumentando. Pero son pocos los
gobiernos de la región los que han reaccionado para exigir que cese la
represión y el hostigamiento a los estudiantes y a la oposición.
Las declaraciones diplomáticas ante
la grave situación de los casos de violación de los Derechos Humanos no dejan
de ser anecdóticas.
Habría que destacar al mandatario
chileno, Sebastián Piñera, por condenar la violencia y recordarle a Nicolás
Maduro que “los valores democráticos, las libertades y los Derechos Humanos hoy
en día son universales y no conocen fronteras”. Pero por otro lado, la
presidenta Dilma Rousseff, no nombró a
Venezuela en su rueda de prensa en Bruselas sino que prefirió referirse a “países
en situaciones conflictivas” que necesitan soluciones consensuadas.
Brasil y Chile son algunos de los
ejemplos de la incoherencia latinoamericana cuando hay muertos políticos.
Ninguna represión tiene
justificación. En América Latina la derecha no puede ser sinónimo de república
bananera y la izquierda de edén social. Si en los dos casos sus gobernantes
pisotean los derechos humanos e instauran la persecución política, deben recibir
el mismo tratamiento de repudio.
En las democracias la oposición es
una representación del pueblo y no un objetivo militar. El servicio a la nación
que prestan las fuerzas armadas, implica cumplir con los principios del Derecho
Internacional Humanitario (respeto a la persona en caso de conflicto). La
censura, la tortura y las desapariciones no son herramientas válidas para
proteger a ningún gobierno ni siquiera de un Golpe de Estado.
Por eso, la voz de Latinoamérica
debe ser una sola para desaprobar las acciones del régimen de Nicolás Maduro. No
se trata de establecer bandos (“imperialistas” contra bolivarianos o “fascistas”
contra revolucionarios) o de inmiscuirse en problemas internos de un país. Es solamente
sensatez y responsabilidad histórica. Cualquier pensamiento político del siglo
XXI, bien sea de izquierda o de derecha, que dice defender la no violencia (y
menos por parte del Estado), la transparencia, la libertad y sobre todo la
justicia para sus ciudadanos actúa ante lo inaceptable.
El Foro Penal Venezolano (una
organización no gubernamental) intenta
en medio de la zozobra registrar y verificar las denuncias de los crímenes
ligados a las protestas estudiantiles. Las cifras con las que cuenta son: 609
detenidos, 19 privados de libertad (incluyendo al líder opositor Leopoldo López)
y 8 muertos (sin los miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia).
Faltan los casos de torturas, maltratos y allanamientos sin órdenes judiciales.
Seguramente, algunos
latinoamericanos dudarán de los números. Pero los muertos de la calle ya están
enterrados y a sus familiares les pueden preguntar por la bala que recibieron. ¿Quién
los asesinó? La intolerancia ideológica. Si fue la Guardia Nacional o los
paramilitares (Tupamaros) o la delincuencia común, le corresponderá a una
“comisión de la verdad” establecer lo sucedido. ¡Así funcionan las democracias!
Si América Latina quiere demostrar
que aprendió de sus luchas contra las dictaduras (Brasil, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia por mencionar algunas) podría empezar a exigir el respeto sin
condiciones de los Derechos Humanos en Venezuela. Pero con su división, los
latinoamericanos dejan claro que no tienen memoria y siguen experimentando con
valores que acomodan a sus tiranos.
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