10/02/2014
Hernando Salazar
En Colombia el
significado de la palabra chuzar –que también se usa en Bolivia y Nicaragua- va
mucho más allá de lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española de la
lengua: “punzar, pinchar, herir”. En la práctica, chuzar significa intervenir
ilegalmente una comunicación.
La palabra chuzadas, que
se utilizó muy frecuentemente en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010),
cuando la policía secreta seguía ilegalmente a magistrados de las altas cortes,
periodistas y opositores, está sonando de nuevo, a raíz del descubrimiento de
un restaurante que servía como fachada para una operación de inteligencia
militar en Bogotá.
Además, desde ese
restaurante, que también albergaba a una comunidad de internautas, se hacían
interceptaciones de teléfonos, correos electrónicos y chats.
El caso, frente al cual
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos todavía no ha hecho total
claridad, ha generado muchas dudas sobre información sensible del proceso de
paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
que estaría llegando a sectores militares y políticos que se oponen a las
negociaciones.
La preocupación surge
porque nunca antes en la historia de Colombia un proceso de paz con las FARC
–que llevan medio siglo en armas- había llegado tan lejos. Pese a las enormes
dificultades, no se descarta que pueda sellarse un acuerdo en los próximos
meses.
Las primeras versiones
sobre el restaurante fachada indican que hubo supuestos seguimientos ilegales a
los negociadores del gobierno, así como a periodistas que cubren los diálogos
de paz, que se desarrollan en La Habana, y también a delegados de la guerrilla.
Tratando de marcar
distancias con Uribe –de quien está profundamente alejado- Santos ha dicho que
hay “fuerzas oscuras” detrás del entramado y ha enfatizado que ni él ni su
gobierno se están beneficiando de las interceptaciones.
A finales de esta semana
se conocerán los resultados de una investigación interna del Ejército sobre el
caso, luego de que dos generales de inteligencia fueron separados
transitoriamente de sus cargos.
El caso pone a prueba
las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas, que manejan un robusto
prepuesto en Colombia y que son fundamentales para que un eventual acuerdo de
paz con la principal guerrilla del país (que tiene más de 7.500 hombres y
mujeres en armas) llegue a buen puerto.
Más allá de lo que la investigación
arroje y de las medidas que se tomen, el gobierno de Santos –que ha hecho una
gran apuesta por la paz- tiene la obligación de enviarles un mensaje muy claro
y contundente a todos aquellos que intentan sabotear sus esfuerzos por ponerle
fin a 50 años de conflicto armado. Sólo así se evitará que las chuzadas puedan
afectar la confianza entre las partes y herir mortalmente al proceso de paz.
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