La maldición del Canal de Panamá

08/01/2014

María Camila Morales

Arrancó el 2014 y en Panamá empiezan a recordar los estragos de la conquista española. Si algo dejó claro aquella época es que El Dorado no existe y que en tierras latinoamericanas el engaño no solamente le funciona a los “extranjeros”.

La constructora Sacyr Vallerhermoso S.A. (con sus socios belgas, italianos y panameños) quería enriquecerse con la ampliación del Canal de Panamá. Eso se llama “hacer negocios” o simplemente capitalismo. Pero lo que no sabían en Panamá era que los españoles estaban arruinándose (prefieren llamarlo problemas de flujo de caja) y que la mega obra interoceánica era su única salvación. Un proyecto que les permitiría, gracias a la generosidad de Panamá, volver a llenar sus cuentas bancarias y posiblemente terminar la ampliación del Canal.

No fue ni es nada nuevo el sistema de las licitaciones en América Latina que opta por las obras baratas. Un proceso que preocupa al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el modus operandi?

Gana la licitación el proponente con la cotización más baja (por lo general extranjero con alto pedigrí y experiencia).  El gobierno otorga el proyecto al precio menor ofrecido para ahorrar en sus presupuestos. Pero entre más inverosímil es la cifra, más “amistad” se crea entre los intermediarios de los diferentes equipos que negocian. Y cuando ya está en la mitad de las obras, el consorcio pide millones de dólares adicionales argumentando “imprevistos” o “causa mayor”.

Con este tipo de “sorpresiva” solicitud por arte de magia aparece la cifra real de la licitación. Pero frenar la construcción de infraestructura, se convierte en un fracaso para los gobiernos y prefieren, en la mayoría de casos, pagar este nuevo sobrecosto. Cuando optan por acudir a la justicia, el tiempo los perjudica y los costos también.

El modus operandi es finalmente corrupción o fraude, maquillado como una licitación pública en la que participan las empresas, abogados, ministerios y entidades de control que se prestan al juego de voluntades superiores. Y la fórmula suele funcionar.

El Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr, aplicó en el 2009 al pie de la letra la receta que sabe utilizar para venderse a los gobiernos y políticos. No en vano tiene procesos pendientes por incumplimiento de contratos en Murcia, Sevilla o Tenerife. Además los colombianos recuerdan los siete años de proceso con el Estado por la carretera del Magdalena Medio (Commsa) que Sacyr no entregó escudándose en problemas de licencias ambientales y “costes inasumibles”.

Pero ni los líos jurídicos ni saber que su ex presidente Luis del Rivero está imputado en el mayor caso de corrupción del Partido Popular, conocido como “Papeles Bárcenas”, preocupó a Ricardo Martinelli. Para los 100 años del Canal, los españoles dejarían (una vez más) su huella en América Latina.

Ahora resulta que a los cálculos de Sacyr y socios, les quedaron faltando 1.600 millones de dólares para completar la ampliación. Insisten que no es culpa de ellos sino de la Autoridad del Canal de Panamá. Explican que hubo una equivocación en las proyecciones geológicas de los panameños y están dispuestos a llevar el error a arbitraje internacional.

Lo que no deja de sorprender en este escándalo es la complacencia de los dos gobiernos. Lo que los franceses llamarían : laisser-faire institucional.

La Autoridad del Canal de Panamá, que regula las relaciones dentro del Canal, venía funcionando sin pena ni gloria pero demostrando que podía administrar el 5% del transporte marítimo mundial sin necesidad de los estadounidenses. Por eso la ampliación debía ser la prioridad, para iniciar una nueva era frente a los desafíos del tráfico de buques de mayor calado y sobretodo de los proyectos de Nicaragua (canal) y de Guatemala (carretera).

En España ahora la prensa está descubriendo las artimañas (contabilidad a futuro y no real) de Sacyr para engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pero en vez de denunciarlo, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, viaja a blindar el nombre de España en Panamá.

Mientras tanto en el istmo se acuerdan hoy de los cables de Wikileaks (revelados en diciembre del 2010), en los que la embajadora de Estados Unidos, Bárbara Stephenson, transmite a su gobierno la preocupación del canciller Juan Carlos Varela. Un desastre, habría comentado el jefe de la diplomacia panameña añadiendo “uno no puede hacer chapuzas con el Canal […] cuando uno de los licitantes hace una oferta de 1.000 millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal.” No obstante, Martinelli le dio su apoyo a Sacyr y fue a inspeccionar los avances para felicitarlos en el 2013.

La ampliación del Canal no es más que una radiografía de la corrupción que tanto denuncian los europeos pero con la cual colaboran (o instigan) en América Latina.

Queda ahora por ver, quién facilitará el dinero para que no se interrumpan las obras. El diario El Confidencial escribe que Sacyr está en discusiones con el Banco HSBC y con Banesco. Los norteamericanos están muy pendientes del arbitraje. Y desde la distancia, la chequera de los chinos está lista para nuevas inversiones.

Sin embargo, bien se pregunta en su blog Guru Huki: ¿quién acabará pagando el pato del sobrecosto de las obras de la ampliación del Canal de Panamá?. Y da tres opciones: los ciudadanos españoles e italianos vía algún préstamo blando encubierto otorgado a Sacyr e Impregilo, los panameños vía más impuestos o los accionistas de los socios del consorcio.

Pero desde ya deberíamos sumar a las opciones una lista con los responsables ante la justicia. Si la farsa de la licitación de la ampliación del Canal de Panamá queda sin culpables no habremos aprendido mucho desde los espejismos que vendían los conquistadores a su reino.