Colombia: ¿Dejar las armas y pelear por los votos?

*Hernando Salazar

¿Está lista Colombia para aceptar que antiguos guerrilleros ocupen curules en el Congreso de la República después de dejar las armas y firmar la paz?

Esa es una de las preguntas que más se hacen por estos días en Colombia y en otros países, después de que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo en materia de participación en política, una vez se firme el fin del conflicto armado interno más antiguo de América.

La respuesta, o las respuestas, a esa pregunta no están claras y dependen de muchos factores.

En primer lugar,  que la guerrilla efectivamente quiera dejar las armas y lanzarse a la lucha política, donde los triunfos se miden en votos. Eso es lo que ha ocurrido en muchos otros procesos de paz alrededor del mundo.

A mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando hubo un proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur y se acordó una tregua, algunos guerrilleros de las FARC ocuparon curules en el Congreso por primera vez en la historia del país.

Uno de ellos fue “Iván Márquez”, el actual jefe del grupo de las FARC que negocia con el gobierno Santos en Cuba. “Márquez” fue miembro de la Cámara de Representantes a nombre de la Unión Patriótica, el movimiento político que surgió del proceso de paz.

Luego, en las elecciones presidenciales de 1986 el candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, alcanzó una votación histórica para la izquierda, que superó los 400.000 votos.

Después, cuando Pardo fue asesinado y el proceso de paz se rompió, “Márquez” retomó las armas. Ya había comenzado la matanza de los miembros de la Unión Patriótica, a quienes acusaban de ser el brazo político de las FARC. La cifra de muertos supera los 3.000.

Todavía se desconocen los detalles del acuerdo firmado la semana anterior en La Habana en materia de participación política para las FARC, pero el anuncio ya ha producido efectos.

Uno de ellos es la oxigenación de un proceso que lleva un año, donde se discuten cinco puntos y se han logrado acuerdos en dos. Otros, la subida en las encuestas de la decaída imagen del presidente Santos y los duros ataques de la derecha, encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe y el procurador general (inspector general), Alejandro Ordóñez.

Uribe, quien hizo un proceso de paz con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), consideradas, al igual que las FARC, como terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea, llamó irónicamente “virgencitas” a los guerrilleros que podrían llegar al Congreso. Y el procurador, que ejerce el poder disciplinario sobre todos los funcionarios públicos del país, dijo que no se explicaba por qué la “algarabía” alrededor de los acuerdos anunciados en La Habana.

La pregunta sobre el futuro de las FARC en el Congreso se da en el contexto de nuevas acusaciones en contra de ese grupo, a quien el Ministro de Defensa señaló en las últimas horas de querer atentar contra el ex presidente Uribe y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.

El jefe negociador del gobierno en La Habana, el ex vicepresidente Humberto De La Calle, dijo que si se produjeran esos atentados, eso significaría algo así como la muerte del actual proceso de paz.

En medio de todas estas preguntas y acontecimientos, Santos logró que el Congreso aprobara la posibilidad de que se haga un referendo donde el eventual acuerdo que se firme con las FARC sea sometido a la aprobación o reprobación de los electores el mismo día en que se realicen las próximas elecciones al Congreso o de Presidente de la República, en marzo o mayo de 2014.

Muchos analistas consideran que esa es una carta difícil de jugar en un país como Colombia, donde el conflicto armado de medio siglo ha dejado tantas y tan hondas heridas en la sociedad.

El gobierno dice que quiere darle más legitimidad a los eventuales acuerdos. Sin embargo, el hecho de que esa posibilidad se concrete mediante una ley no obliga al gobierno a hacer un referendo en caso de que firme la paz con las FARC. Esa es una carta que puede mantener guardada y que solo jugaría en caso de tener aseguradas las mayorías.

Por ahora, todas las miradas están puestas en el 25 de noviembre, que es la fecha máxima para que el presidente Santos anuncie si aspirará o no a una reelección por cuatro años más. Y de lo que no cabe duda alguna es que el proceso de paz de La Habana seguirá incidiendo sustancialmente en la agenda electoral de Colombia.

* Periodista, asesor de comunicaciones, profesor de ética periodística Universidad Javeriana, ex corresponsal de la BBC.