Venezuela: llegó la hora de la democracia

03/10/2012

  

María Camila Morales

Con el fin de las dictaduras militares en América Latina asumieron sus ciudadanos que la libertad había triunfado en el continente. Sin embargo, en ciertos países de la región olvidan que la alternancia política es inherente a la vida de las verdaderas democracias.

Más allá de ser chavistas o anti-chavistas, tener (o sufrir) catorce años en el poder un mismo presidente y un mismo partido controlando todas las instancias del Estado no puede ser sano.

Las presidencias eternas no son un derecho de los caudillos latinoamericanos. Por el contrario se deben combatir igual que todos los regímenes autoritarios sin importar su color ideológico.

Y los jóvenes venezolanos han entendido la importancia del cambio que se necesita ahora. Sin duda son ellos los que han hecho posible que la candidatura de Henrique Capriles tome fuerza y desafíe a Hugo Chávez. Un clamor de hastío el cual la Mesa de Unidad Democrática tuvo que escuchar y por primera vez comportarse como una oposición renovada capaz de proponer un programa de gobierno serio.

La juventud venezolana que vio en 1998 el nacimiento del “Socialismo del Siglo XXI” hoy no tiene futuro en sus propias tierras.

Venezuela es el quinto país más violento del mundo. Poco importa ser rico o pobre porque los muertos duelen igual en ciudades como Caracas donde en el primer semestre del año asesinaron a más de dos mil personas.

En cuanto a la educación, el pilar no es la calidad de la academia sino la doctrina bolivariana impartida. Las universidades forman profesionales que no encuentran trabajo pese a tener diploma. La salida de cerebros a Estados Unidos y Países del Golfo Pérsico no es una forma de exportar la revolución sino de buscar libertad y una mejor vida fuera de Venezuela.

Las aspiraciones laborales de un gran número de profesionales se limitan al Estado. Bien sea en uno de los 29 ministerios y sus enredadas administraciones o en PDVSA. Más de 105.000 trabajadores en la petrolera estatal la cual no deja de interferir en otros rubros de la economía (importación de leche y gasolina) y de disminuir su producción petrolera. Menos de tres millones de barriles diarios de crudo.

Los accidentes de producción (41 muertos en la explosión de Amuay) se multiplican y no hay ni repuestos para solucionar los problemas de los oleoductos y las refinerías. Las cifras del endeudamiento en dólares de la empresa nacional de petróleo y del país no caben en ninguna calculadora. Situación preocupante cuando el mayor prestamista es la República Popular de China.

Las nacionalizaciones del acero (Sidor), oro (Rusoro) o electricidad (Seneca), entre otras, no han aportado dólares al presupuesto bolivariano. Bien se pregunta Analitica.com, si el Banco Central Venezolano está vendiendo las reservas de oro del país, ¿no significa que se quedó sin recursos la nación?. En lo que se refiere a las expropiaciones de fincas ganaderas o industrias agroalimenticias tampoco se ha reflejado en un mayor abastecimiento en los supermercados o en una canasta familiar más barata para sus ciudadanos.

Después de catorce años del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, los venezolanos no avanzan ni en su desarrollo ni en su nivel de vida. Aunque poseen las reservas de petróleo más grandes del mundo, tienen que lidiar todos los días con los apagones, la inflación, la escasez de alimentos, la precariedad de la vivienda, una salud pública aproximativa y una infraestructura a punto de colapsar.

Ya no se trata de una critica de los burgueses y ricos venezolanos que no aguantan el populismo de Chávez. El descontento y el sentimiento de frustración se ha extendido a otros sectores de la población. Nadie olvida que en las elecciones parlamentarias del 2010, la oposición obtuvo 52% de los votos pero las modificaciones arbitrarias de los distritos electorales impidieron el inicio de la transición.

El 7 de octubre el voto debe permitir que el cambio político gane para que por fin triunfe la democracia en Venezuela. A los militares le corresponderá plegarse a las reglas del Estado que dicen defender y a la comunidad internacional velar por el respeto de la voluntad popular.