12/07/2012
María Camila Morales
La noticia del Fondo de la Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) acerca
de los índices de embarazos en América Latina pasó como una anécdota más de la
triste realidad cotidiana.
Uno de cada cuatro niños nacidos en
Latinoamérica y el Caribe tiene una madre adolescente o joven. A nivel mundial
ocupa el segundo lugar después de Africa. Venezuela, escribe el diario Nueva Prensa de Guayana, registró el
mayor número de adolescentes gestantes en América Latina.
Por parte de los gobiernos hubo poca reacción
ante las cifras. Su indiferencia es consistente con la poca importancia que le
dan a la inversión en materia de educación sexual y planificación familiar.
Según la directora regional para América Latina y
el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, Marcela Suazo, 22% de las mujeres en edad reproductiva no
tienen acceso a métodos anticonceptivos
modernos. Las consecuencias de la falta
de acceso son graves. Un reciente estudio de la revista médica británica The Lancet,
concluye que el anticonceptivo evita 250.000 muertes maternas cada año en el
mundo y serían 100.000 más mujeres salvadas si utilizaran el anticonceptivo
adecuado y no fuera una aventura la no procreación.
El drama de las “niñas madres” sigue sin ser
una política pública prioritaria en la región y sobre todo lo vuelven debate
moral cuando intentan incluirlo como se debería en los currículos de educación
primaria y secundaria.
La teoría acerca de la sexualidad aprendida en
casa y gracias a los padres no deja de tener tintes de mojigatería católica. La
mayoría de embarazos de adolescentes tiene como punto común que suceden en
hogares de bajos recursos y “disfuncionales” donde los valores religiosos se
quedaron en rezos.
En aquellos casos de menores de 15 años, el
UNFPA advierte que suelen ser producto de violencia sexual.
Si el derecho a la educación aparece en todas
las plataformas políticas de los gobernantes de la región, deberían incluir
salud sexual y reproductiva como señal de su compromiso y responsabilidad con
las nuevas generaciones.
La prevención de embarazos también pasa por
acceso gratuito a información y a todos los métodos anticonceptivos para los
sectores más vulnerables de la población.
Pero si las terribles vidas de las madres
adolescentes y de sus hijos no encabezan la lista de programas de inversión en
Latinoamérica puede que bajo el prisma económico los dirigentes actúen con más
determinación.
Los embarazos de adolescentes impiden romper
con el círculo intergeneracional de la pobreza. No solamente lo constata Naciones
Unidas sino también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
La brecha de inequidad socio-económica se
profundiza con madres que ponen en riesgo su salud, su desarrollo físico,
comprometen su educación y sus posibilidades laborales e incluso las
marginaliza de sus familias. Según datos de la Onu, 38% de las mujeres de la
región quedan embarazada por primera vez antes de los 20 años.
Para los mandatarios significa en sus
porcentajes que las adolescentes-madres les dificultan ejecutar el discurso de
lucha contra la pobreza extrema. Retrasan además el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Onu; la alianza mundial por el
desarrollo humano que con tanta convicción acordaron seguir también los
latinoamericanos y caribeños. ¿No sería entonces tiempo de cambiar de
estrategia?
Si un embarazo precoz se convierte en un
proyecto de vida para adolescentes que no tienen mayores anhelos, como
explicaba a la agencia EFE la ministra de la Juventud de Venezuela,
Mari Pili Hernández, quiere decir que
no solamente han fracasado los gobiernos sino también nosotros como sociedad.
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