Golpe de Estado al poder Judicial en El Salvador

19/07/2012

  

María Camila Morales

Un país con dos Cortes Supremas y por consiguiente con dos presidentes diferentes de las mismas es sinónimo de caos institucional. Lamentablemente es lo que sucede en El Salvador.

En junio la Sala Constitucional declaró ilegales las elecciones de magistrados del pasado abril y las del 2006. Por interpretaciones macondianas de la ley y con el trasfondo de una pugna entre la izquierda (gobernante) y la derecha (oposición) salvadoreña, reina la incertidumbre total. Y como si esto fuera poco, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) aportó su granito de discordia pidiendo que se suspenda la sentencia del mes de junio. Sin embargo, en El Salvador los magistrados desconocieron la medida que los sabios centroamericanos pregonaron.

Una decisión que no solamente afecta la estabilidad institucional en El Salvador. El sistema de integración regional sale debilitado y cuestionado porque se trata de un asunto interno salvadoreño.

La CCJ no debió haber aceptado el caso como explica Mirte Postema, en Americas Quartely. Su misión, recuerda, es proteger el Estado de derecho (Rule of Law) dentro de los países miembros y no perjudicarlos con su toma de posiciones alejándose así del protocolo de Tegucigalpa que promueve la integración regional.

En cuanto al mandatario Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), brilla por su ausencia. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Daboub no dudó en acusarlo de “cómplice” del “golpe de Estado al poder Judicial”.

En Estados Unidos, los republicanos que ven en cualquier movimiento sospechoso de la izquierda el triunfo del marxismo guerrillero, ya están amenazando con cortar las ayudas económicas a El Salvador.

El senador Marco Rubio fue el primero en reaccionar. Dijo con tono más de aspirante a la dupla presidencial de Mitt Romney que como elegido de La Florida, "no puede contribuir Estados Unidos a la pérdida del orden Constitucional” ; "se debe revaluar nuestra ayuda dentro de la Cuenta del Milenio"(461 millones de dólares). 

Cualquier excusa es buena para los conservadores estadounidenses quienes insisten en que Centro América necesita mano dura. La batalla de la rama judicial no es tan importante a sus ojos como lograr poner un freno al narcotráfico, violencia, trata de personas y tráfico de armas que circula por Centro América.

Mientras se pelean los políticos y se les olvida la guerra civil, los problemas son cada vez más graves como lo destaca el editorial del diario elsalvador.com. El vacío de autoridad legítima deja a la ciudadanía indefensa con un terreno propicio para que actúen todos los grupos de delincuentes. Y se pregunta si los salvadoreños no estarán presenciando el ocaso de su “aporreada democracia”.

La tradicional división del poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial no tiene interpretaciones subjetivas. La independencia de las tres ramas es la única garante de las verdaderas democracias en el mundo.