29/11/2012
María
Camila Morales
Una
semana ha pasado desde el fallo de La Haya en el caso de la frontera marítima
entre Colombia y Nicaragua y en el país andino siguen sin entender lo sucedido.
Se acabó el pleito y hay que adoptar un nuevo mapa del Caribe.
Si el
gobierno de Juan Manuel Santos no tiene las cosas claras, menos sensatez tienen
los medios de comunicación y “líderes de opinión” que continúan avivando un
patriotismo peligroso.
El fallo
del pasado 19 de noviembre fue una directa consecuencia del racionamiento
jurídico emitido por la misma Corte de La Haya en la decisión sobre objeciones
preliminares del 2007. En dicha decisión, la Corte rechazó el argumento de Colombia
según el cual el tratado Esguerra-Bárcenas había fijado una frontera marítima
entre los dos países. Por lo tanto, frente a la inexistencia de un límite
acordado, la Corte tuvo libertad plena para establecer una línea que no había
sido trazada por dicho tratado.
Bajo ese
ángulo jurídico era altamente improbable que la Corte le fuera a dar toda la
razón a los argumentos de la defensa colombiana. Sin embargo, todo indica que
los agentes y abogados del país en La Haya, solamente prepararon al gobierno de
Juan Manuel Santos para un triunfo total.
La decisión
del 2007 fue la crónica de una pérdida anunciada de la cual hoy pocos se
acuerdan. Peor aún, las autoridades competentes, embolataron hace cinco años,
sus explicaciones y nadie les exigió ni responsabilidades ni rectificaciones de
estrategia.
Por el
contrario, fue “comunicada” como una gran victoria para el país porque confirmó
la soberanía territorial sobre las islas principales de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. Nadie se atrevió a alertar a los ciudadanos acerca del
rechazo por parte de la Corte del meridiano 82 como la frontera marítima entre
Colombia y Nicaragua.
Por eso
los colombianos creían ingenuamente en imposibles jurídicos en la fase final del
diferendo con Nicaragua.
Los
enclaves de Serrana y Quitasueño que tanta confusión y complejidad ahora traen
a las ya tensas relaciones entre Managua y Bogotá, son la aplicación de la matemática
en materia de Derecho del Mar (12 millas de mar territorial) y del error de
Colombia de no haber logrado probar la unidad geográfica e histórica del
archipiélago de San Andrés.
Pero en
Colombia ni los espontáneos ni los políticos pueden seguir clamando por el no
respeto del fallo a cual republica bananera. Si Colombia aceptó la jurisdicción
de La Haya y presentó sus alegatos pero no le gustó “apartes” del fallo, no
tiene más remedio que acatar el resultado.
Un
variopinto sector de la población (empezando por el ex presidente Alvaro Uribe)
claman no respetar la justicia internacional y tachan el fallo de “una vergüenza
para el país”. Si de humillación se trató le correspondería rendir cuentas a
quienes hace once años establecieron la estrategia jurídica en La Haya: ¿por
qué Colombia decidió plantear la interpretación del Tratado Esguerra-Bárcenas
como una cuestión preliminar antes de
poder presentar toda la prueba correspondiente a la fase plenaria?; ¿por qué en
el 2007 no se le explicó a los colombianos el verdadero alcance y riesgos de la
primera decisión?
Pero esa
época de estrategia jurídica es cosa del pasado. Pero llamar vergüenza al fallo
del 19 de noviembre, hablar de traición a la patria o declarar que la máxima
autoridad judicial de la Onu es el verdadero “enemigo” es totalmente insensato.
Basta con
leer una mañana los titulares de prensa nacional para poner la situación de San
Andrés en perspectiva. Habrá soluciones de acuerdos pesqueros ya propuestos por
Nicaragua para los sanandresanos y el supuesto petróleo del Caribe no habría
sido la fórmula mágica para solucionar todos los males de Colombia. Lograr una
buena vecindad con Nicaragua y tener un nuevo mejor amigo en Daniel Ortega no
es imposible.
Pero
seguir alentando supuestas “vergüenzas” de la justicia internacional es absurdo
tomando en cuenta la realidad doméstica como la reelección de un Procurador
General con 39 congresistas que se declararon impedidos por tener investigaciones
disciplinarias o familiares trabajando en el Ministerio Público. Sin hablar del
paro judicial que lleva más de 50 días y que deja libre a violadores y demás
criminales. En palabras del senador Juan Manuel Galán: “vergonzoso”, el 28 de
noviembre no hubo quórum en la Plenaria
para votar el proyecto urgente de reforma a la Salud en Colombia.
Si hay
que preparar tambores de guerra mejor dirigirlos contra la corrupción y el
clientelismo que impiden que los territorios lejanos de Bogotá como San Andrés
salgan del subdesarrollo y la pobreza.
Según reveló Blu Radio, "el abogado internacionalista Juan Daniel Jaramillo, principal asesor del Gobierno en el estudio de las nuevas estrategias y alternativas ante el fallo de La Haya sobre el archipiélago de San Andrés, renunció a dicha labor.
ResponderEliminarAunque aún no se conocen los motivos, las versiones indican que la decisión habría sido adoptada ante la falta de condiciones en la defensa del país en ese escenario internacional.
La semana pasada, la canciller María Ángela Holguín se reunió con los abogados de la firma británica Volterra Fietta, con el fin de discutir nuevas estrategias y alternativas ante el fallo de La Haya sobre San Andrés, proferido el pasado 19 de noviembre y que le quitó a Colombia cerca de 75 mil metros cuadrados de mar y se los otorgó a Nicaragua.
Jaramillo estaba destinado a ser el enlace de un grupo de seis internacionalistas colombianos definido por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con la firma británica, que buscan revertir dicho fallo de La Haya."
Vergüenza de verdad: http://www.kienyke.com/fotoshow/se-caso-la-hija-del-procurador/
ResponderEliminarLa Política de Colombia!!!! De fiesta!