Las nacionalizaciones y el respeto del Estado de Derecho en América Latina

03/05/2012

María Camila Morales

Los franceses muy acertadamente dicen: “no se cambia una fórmula ganadora” y las nacionalizaciones del 1 de mayo no le fallan a Evo Morales.

Desde que llegó al poder en el 2006, el mandatario rinde homenaje a los trabajadores de Bolivia mediante expropiaciones de empresas controladas por extranjeros  que han estado, según él, robando al país como si fueran tiempos de la colonia.

Un acto de soberanía, como dicen los argentinos, quienes junto a los venezolanos y ecuatorianos son especialistas en la nacionalización de hidrocarburos.

Nadie pone en duda el derecho legítimo de los Estados de disponer de sus recursos naturales. Dicho principio fue avalado por la Asamblea General de la ONU en 1962.

Ese derecho fue despreciado por ciertos gobiernos anteriores que no firmaron acuerdos “equitativos” y no sopesaron las probabilidades de una subida del precio del barril de petróleo. Tampoco se interesaron por el medio ambiente ni por el bienestar prometido por su explotación.

Pero para lograr una justa repartición de los dividendos existe una figura llamada “renegociación de contrato”. No incluye ni al ejército, ni a la policía y es respetada por la comunidad internacional. Una herramienta jurídica que en Caracas, La Paz, Buenos Aires y Quito conocen y han utilizado los propios gobiernos en otras ocasiones. 

Los ejemplos sobran: la renegociación por el gobierno de Evo Morales (aún bajo amenaza de expropiación) de los contratos de exploración y producción de gas fue exitosa con todos los participantes incluyendo a BG Group (Reino Unido), Total (Francia), Repsol (España) y Petrobras (Brasil).

Los bolivianos siguieron el mismo modelo que utilizó Venezuela en la “migración” de sus contratos petroleros con Repsol, Petrobras y Chevron a empresas mixtas donde PDVSA tiene la mayoría de acciones.

Sin embargo, desalojar “manu militari” de las oficinas a ejecutivos españoles o ingleses, le pone más drama y valor político a los gobiernos de izquierda cuya favorabilidad ya no anda por las nubes. 

Esta vez fueron las acciones de Repsol en YPF y las acciones de Red Eléctrica de España en la empresa Transportadora de Electricidad S.A. Seguramente no serán los últimos “castigados” porque la recuperación de los recursos nacionales y servicios básicos se ha vuelto una lema de campaña en los países del ALBA y Argentina.

Se puede criticar el fondo de la lógica neoliberal del “Consenso de Washington” de los años 90 con la privatización masiva de los recursos naturales y servicios de la región. 

Pero la forma de reorientar esa política no es con soldados que llegan sin preaviso a las instalaciones de compañías bajo control extranjero para tomar posesión de ellas. Ya había pasado en el caso de la compañía eléctrica británica Rurelec en Bolivia el 1 de mayo del 2010 y dos años más tarde ni el país es más rico, ni el déficit energético se ha resuelto.

La nacionalización no es el milagro para crear empleo y acabar con la pobreza. El Estado debe tener un plan de inversión, de financiamiento y de modernización de la infraestructura, acompañado de una transparencia administrativa para saber cómo reemplazar a los extranjeros que supuestamente expoliaban a los pueblos latinoamericanos.

Desafortunadamente, en la mayoría de casos, en lugar de convertir las nuevas empresas estatales en modelos de eficiencia, se han convertido en cajas menores de liquidez para solucionar problemas electorales.

El ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Solíz Rada, está pidiendo al presidente Evo Morales claridad e información acerca de las nacionalizaciones. ¿Por qué no se conocen los resultados de las auditorías petroleras ordenadas hace seis años?; ¿cuántas reservas de gas tiene el país?;¿cuáles serán las prioridades de la nueva inversión nacional?

Incluso Solíz Rada pregunta en el diario Los Tiempos: ¿por qué no se transformó YPFB en una moderna empresa corporativa como la brasileña Petrobras?

Los trabajadores y sindicatos de Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Venezuela, nacionalizada en el 2008, van de huelga en huelga exigiendo: aumento de salario, ampliación de la nómina laboral y cumplimiento con las deudas a los proveedores.

Y se interrogan acerca de su futuro ante la caída de la producción  de acero.  Venezuela pagó unos 1.8 mil millones de dólares por esa nacionalización que podrían haber sido utilizados en vivienda, hospitales y colegios.  Hoy en día, la compañía no vale nada por falta de inversión y su nuevo dueño, la Republica Bolivariana de Venezuela, no tiene dinero para inyectarle.

Los recursos naturales sí son “commodities”, contrario a lo que dice el vice-ministro argentino de Economía y Finanzas Axel Kicillof  quien en el Senado aseguró que Argentina dejará de tratarlos así, para convertirlos en recursos estratégicos que ayudarán a la redistribución del ingreso. Si no fueran una fuente de dólares para los países, no los nacionalizarían. Producen ganancias apetecidas no solamente por las multinacionales, sino también por la corrupción nacional.

Hay un papel para los inversionistas extranjeros como contratistas o accionistas minoritarios en estas nuevas compañías estatales: tienen acceso al crédito, al “know-how” y abren mercados para la producción.

Respetar los marcos jurídicos de la inversión es una garantía de desarrollo, progreso y responsabilidad. Los Estados pueden y deben sentarse a negociar (o renegociar) de “igual a igual” con los inversionistas existentes o futuros.

Si los mandatarios populistas dejan a un lado “el espectáculo de masas”, se instalará en su países un círculo virtuoso de crecimiento de ganancias y reinversión local en lugar de un círculo vicioso de apagones, menos pozos petroleros y mayor pobreza.