31/01/2012
María Camila Morales
En los negocios como en los matrimonios si se
incumple con el contrato hay que pagar. Y el presidente venezolano Hugo Chávez
lo sabe; por eso su deseo de abandonar cuanto antes el Centro Internacional de
Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), un organismo multilateral que
depende del Banco Mundial.
Venezuela ya no tiene el dinero para compensar
a los inversionistas extranjeros de una manera “pronta, adecuada y efectiva” por
sus nacionalizaciones tal como requieren los tratados de protección de
inversión que firmó en los años noventa.
Tampoco cuenta con los dólares para llegar a un
acuerdo monetario amistoso con los afectados antes que estos inicien una demanda
ante el Banco Mundial. Porque eso era lo que estaba haciendo Venezuela: transigió
con los italianos de la petrolera Eni por casi 900 millones de dólares y con
los argentinos de la siderúrgica Sidor por unos 1.800 millones de dólares para
evitar más demandas internacionales.
¿Por qué se demoró entonces Chávez tanto tiempo
en abandonar el CIADI si la nueva Constitución de 1999 da prioridad a los
tribunales nacionales y prohíbe el arbitraje?; ¿por qué no denunció todos los Tratados
Bilaterales de Inversión que establecen el mecanismo CIADI para la resolución
de controversias entre las partes?
Tal vez porque al interior del gobierno de
Chávez había dos tendencias que no lograban ponerse de acuerdo y navegaban en
las incertidumbres del presidente.
La primera forma de afrontar las exigencias de
los expropiados era legalista; respetando las leyes internacionales para
defender al país e intentar negociar los mejores arreglos reduciendo los pagos
y evitando condenas internacionales. El abanderado de esta visión en los
últimos meses fue el recién fallecido Procurador, Carlos Escarrá, quien
lamentable y coincidencialmente murió de un infarto el día que se anunció la
salida de Venezuela del CIADI.
La otra postura era más política queriendo
abandonar el sistema CIADI por ser un instrumento del “consenso de Washington”,
sin importarle las eventuales consecuencias jurídicas y crediticias
(renegociación de bonos). El defensor de esta visión radical ha sido el
Ministro de Energía, Rafael Ramírez.
Hasta el mes de diciembre había dominado la
primera idea. Incluso en los periódicos locales se destacaron las declaraciones
del Procurador según las cuales, Venezuela estaba lista para negociar montos con ExxonMobil y ConocoPhillips. Las
dos petroleras tienen demandas pendientes por más de 20.000 millones de dólares
por la expropiación de sus campos petrolíferos en el Orinoco.
Pero cuando la Cámara de Comercio Internacional
de París condenó a PDVSA a pagar 15% de la demanda arbitral de ExxonMobil,
Venezuela cambió su estrategia. La multinacional no bajó los brazos y confirmó
su decisión de obtener “el resto” de su demanda a través del CIADI. Chávez
ordenó entonces a su Ministro presionar al Procurador para acabar con el
problema cuanto antes.
La salida efectiva de Venezuela del CIADI se
demorará seis meses. No obstante, como explicó Diana Droulers, Directora
Ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas a Globovisión, los procesos arbitrales ya
iniciados seguirán su curso. Un laudo será emitido a favor o en contra en cada
uno de la veintena de casos pendientes ante el organismo del Banco Mundial.
Pero para el presidente Chávez, el CIADI ya no
existe en su mente. Desde el pasado viernes se considera “desenganchado” del
organismo internacional. Y aclaró desde Miraflores además “que no aceptará
ninguna instrucción de esa institución”.
¿Qué significará en términos prácticos? Gran
incógnita hasta el momento, pero la contratación de los nuevos abogados
internacionales, Shearman & Sterling para defender el país ante las nuevas
demandas indica que no habrá una política de “silla vacía”.
Sin embargo, desligarse del CIADI no evita que
Venezuela responda ante jurisdicciones internacionales por sus futuras
nacionalizaciones. Los tratados de inversión firmados por Venezuela tienen otros
mecanismos alternativos incluyendo las reglas de arbitraje de la Comisión de la
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI o UNCITRAL según su acrónimo
en inglés). Esa opción ya ha sido incluida en los últimos tratados ratificados
con “los nuevos mejores amigos”, Irán (2006) y Rusia (2009).
Defenderse y ganar ante el CIADI si se puede
como insiste Diana Droulers, pero, ¿por qué Venezuela tiene una actitud
derrotista? Si ha actuado conforme a la ley internacional y cuenta con un
equipo jurídico de excelencia, puede ganar como ha sucedido con Argentina en
varios de sus juicios arbitrales. ¿A qué le teme entonces el gobierno de Hugo
Chávez?
Tal vez al hecho de no poder controlar los
jueces como lo hace en su país. Desde hace cinco años, el líder venezolano había
alentado a sus aliados incondicionales Bolivia (2007) y Ecuador (2009) para que se retiraran de la
organización multilateral y crearan su propio mecanismo de arreglo de
controversias.
El resultado: un futuro sistema de arbitraje
bajo el auspicio de UNASUR. Pero según
informa el diario El Universal, el
mecanismo de constitución de los tribunales de arbitraje seguirá el mismo
modelo que criticaron en el CIADI.
UNICITRAL, Cámara de Comercio de Estocolmo o de
Paris, las alternativas existen para dirimir conflictos de inversionistas en el
mundo y en América Latina. La diferencia con la propuesta de UNASUR, es que no
cuentan con el protagonismo y las intervenciones de Hugo Chávez!
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