Chuzar.com

10/02/2014

Hernando Salazar

En Colombia el significado de la palabra chuzar –que también se usa en Bolivia y Nicaragua- va mucho más allá de lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua: “punzar, pinchar, herir”. En la práctica, chuzar significa intervenir ilegalmente una comunicación.

La palabra chuzadas, que se utilizó muy frecuentemente en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando la policía secreta seguía ilegalmente a magistrados de las altas cortes, periodistas y opositores, está sonando de nuevo, a raíz del descubrimiento de un restaurante que servía como fachada para una operación de inteligencia militar en Bogotá.

Además, desde ese restaurante, que también albergaba a una comunidad de internautas, se hacían interceptaciones de teléfonos, correos electrónicos y chats.

El caso, frente al cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos todavía no ha hecho total claridad, ha generado muchas dudas sobre información sensible del proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estaría llegando a sectores militares y políticos que se oponen a las negociaciones.

La preocupación surge porque nunca antes en la historia de Colombia un proceso de paz con las FARC –que llevan medio siglo en armas- había llegado tan lejos. Pese a las enormes dificultades, no se descarta que pueda sellarse un acuerdo en los próximos meses.

Las primeras versiones sobre el restaurante fachada indican que hubo supuestos seguimientos ilegales a los negociadores del gobierno, así como a periodistas que cubren los diálogos de paz, que se desarrollan en La Habana, y también a delegados de la guerrilla.

Tratando de marcar distancias con Uribe –de quien está profundamente alejado- Santos ha dicho que hay “fuerzas oscuras” detrás del entramado y ha enfatizado que ni él ni su gobierno se están beneficiando de las interceptaciones.

A finales de esta semana se conocerán los resultados de una investigación interna del Ejército sobre el caso, luego de que dos generales de inteligencia fueron separados transitoriamente de sus cargos.

El caso pone a prueba las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas, que manejan un robusto prepuesto en Colombia y que son fundamentales para que un eventual acuerdo de paz con la principal guerrilla del país (que tiene más de 7.500 hombres y mujeres en armas) llegue a buen puerto.

Más allá de lo que la investigación arroje y de las medidas que se tomen, el gobierno de Santos –que ha hecho una gran apuesta por la paz- tiene la obligación de enviarles un mensaje muy claro y contundente a todos aquellos que intentan sabotear sus esfuerzos por ponerle fin a 50 años de conflicto armado. Sólo así se evitará que las chuzadas puedan afectar la confianza entre las partes y herir mortalmente al proceso de paz.

La economía argentina: un tango a la deriva

03/02/2014

  

María Camila Morales

Pese a que en Argentina la matemática kirchnerista lograba superar todos los imposibles financieros, parecería que la realidad le ganó a la ficción económica. El país, como dice el tuit de @Darott no se puede seguir “emparchando con curitas porque es el Titanic”.

La pérdida de reservas internacionales, la devaluación, la inflación, el desempleo y el déficit energético sin olvidar el aumento de la pobreza y la inseguridad vuelven a golpear a los argentinos. Una historia que se repite con banderas políticas e ideológicas diferentes pero que encuentra de forma cíclica terreno fértil en Argentina.

Sin embargo, con cada colapso económico, los gobiernos  denuncian culpables diferentes. Esta vez el turno es para los “conspiradores económicos”. Un grupo heterogéneo que en el imaginario kirchnerista incluye a los exportadores de cereales, a China, a la oposición de derecha, a las multinacionales, a los fondos buitre incluso a los vendedores de dólares en la calle Florida.

Todos ellos serían los responsables, según el ministro de Economía, Axel Kicillof y su jefa Cristina Kirchner, de impedir que funcione el modelo progresista del peronismo.

En el análisis de los desafíos del ministerio que asumía, Kicillof declaró en diciembre pasado que “la reindustrialización trae tensiones”. Pero, ¿por qué Argentina llegó al punto de tener que hablar de reindustrializar cuando ya era un país que tenía un tejido industrial envidiado por el resto de los latinoamericanos?

Porque así no lo quieran admitir, la estatización que lideró Néstor Kirchner en el 2003 como prioridad para el desarrollo fue un error. Se detuvo la inversión en el país, se acabó el capital y aumentó el desequilibrio del gasto público.  

No cabe duda que los inversionistas extranjeros hacen negocios para enriquecerse y sus contratos tienden a reflejar ventajas para ellos. No actúan sin ánimo de lucro porque de lo contrario competirían con las obras de caridad.

Sin embargo, ¿no era más rentable renegociar con los inversionistas, crear un nuevo ambiente comercial con reglas más sanas en vez de declararlos personas usureras y no gratas?

En Argentina, con pocas excepciones, la inversión extranjera se ha ido (o la ahuyentaron) y ahora le sigue sus pasos también la inversión nacional, la cual no aguanta más ni las amenazas ni las restricciones que imponen los ministros de Cristina Kirchner. Además, el peso ya no lo quiere nadie, porque la incertidumbre monetaria no es garantía ni para el ama de casa ni para las petroleras.

El dólar vuelve una vez más a ser la moneda refugio para los argentinos. No es una presión cultural hacia dicha divisa como denunciaba Kicillof en el diario Página/12, es simplemente el resultado de su nefasta historia económica. La repetición de las devaluaciones  y de la hiperinflación despierta en los argentinos la reacción (natural) de querer proteger el valor de su patrimonio. El problema es que dólares tampoco quedan ya en Argentina.

La pesca milagrosa de la moneda norteamericana, llevó al presidente de la estatal YPF a Malasia, a ofrecer una participación en Vaca Muerta a la empresa Petronas. La reserva de gas más importante del continente como anzuelo para atraer millones de dólares. Incluso, Miguel Galuccio, ha ido a tocar las puertas de la tercera petrolera privada más grande del mundo, Chevron, para convencerla del potencial argentino.

Unos nuevos “socios” extranjeros que seguramente no serán ni menos imperialistas que Shell ni menos ambiciosos que Repsol.

¿Por qué no entienden los populistas que el capitalismo es ahora el mismo en Estados Unidos, Rusia e incluso en China? Pero sobre todo ¿cuándo comprenderán que Argentina no debe estar condenada a vivir cada década un absurdo tango económico que se baila entre crisis y bonanzas?

 

El nuevo mar de Perú

27/01/2014

  

María Camila Morales

En la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se zanjan diferendos y como tal hay perdedores y ganadores. El resultado puede que no sea del agrado de las partes, pero el país que piense que los jueces van simplemente a comentar un “statu quo” está muy equivocado. Por más salomónicos que intenten presentar los fallos, nadie sale satisfecho de un juicio limítrofe.

Perú logró una victoria relativa frente a Chile. Según la argumentación del fallo, la CIJ considera que sí hay una frontera marítima entre los dos países. Lo sustenta no por los tratados existentes, sino por “un acuerdo tácito” entre Chile y Perú. Es decir, por el comportamiento que han tenido durante más de 50 años los dos países respecto al paralelo que seguía la frontera terrestre.

Los jueces ratificaron un punto costero preciso, llamado Hito N.1, como el inicio para la proyección de un paralelo en cuanto al curso fronterizo. Pero decidieron que la delimitación marítima a lo largo de dicho paralelo se extendía sólo hasta una distancia de 80 millas náuticas y no a las 200 millas que se atribuyó Chile. Un cálculo más equitativo según los jueces quienes tomaron en cuenta la actividad pesquera y policial de la zona. Establecieron que a partir de las 80 millas, habrá una línea equidistante respecto a las costas de los dos países (hasta alcanzar el límite de las 200 millas náuticas). Un recorte que, según el presidente Ollanta Humala, le otorga a Perú “50.000 kilómetros cuadrados de derechos soberanos” en el Pacífico.

Sin duda Chile perdió una parte de su mar y Perú amplió su zona económica exclusiva. Sin embargo, para poder implementar el fallo de La Haya, es decir las nuevas coordenadas marítimas que la CIJ se abstuvo de definir, los dos países tendrán que ponerse de acuerdo. Así lo dice el mismo fallo: “en un espíritu de buena vecindad”.

Se impone entonces la necesidad de pactar todos los detalles de nuevos acuerdos pesqueros y de sobrevuelo de espacio marítimo que se desprenden de la modificación de una frontera. De lo contrario, no habrán servido de nada los cinco años y medio de proceso en La Haya.

Por eso tiene valor que el presidente Sebastián Piñera haya dicho que el fallo es vinculante para su país y que la electa Michelle Bachelet insistiera en que a pesar de ser una pérdida dolorosa, el fallo es obligatorio y así se comportará su gobierno. Por otro lado que su colega Ollanta Humala no haya pronunciado un discurso despectivo también es importante. Los dos países tienen que encontrar un camino común para implementar el fallo y sus actitudes constructivas son un buen augurio.

Deberán negociar pensando sobre todo en los intereses de la pesca artesanal de los habitantes de Tacna (Perú) y Arica (Chile). Una política firme frente a la presión de la industria pesquera nacional e internacional que siguió muy de cerca el juicio. Ahora no se trata de incitar a un patriotismo efervescente entre los peruanos ni de encontrar culpables entre los chilenos.

No son los jueces de La Haya, ni las instancias internacionales las que por arte de magia solucionarán vecindades frágiles. En La Haya deciden en derecho pero bajo la lupa matemática la cual tiende a ser “equitativa” pero no necesariamente conveniente para todos.

Si los países latinoamericanos con problemas de fronteras no entienden que antes de llegar a La Haya hay que evitar los tambores de guerra no avanzarán en la anhelada unión regional que tanto proclaman y predican (Celac, Alianza del Pacífico y demás). Ojalá que Chile y Perú cumplan la promesa de acatar el fallo demostrando que han iniciado una nueva época de cooperación, responsabilidad jurídica y sobre todo de madurez diplomática entre vecinos.

¡No habrá mundial en Brasil!

22/01/2014

  

María Camila Morales

La alegría del mundial de fútbol no la comparten todos y en especial en Brasil. La frase del titular no la escribe ni la FIFA ni el gobierno de Dilma Rousseff aunque tendrían razones de sobra ya que las obras están muy retrasadas.

La amenaza contra la cita mundialista la lanzan los “rolezinhos”: ¡no habrá mundial! Son adolescentes de los sectores pobres de las principales ciudades del país, los cuales están haciendo visible un problema que aqueja a la sociedad brasileña: el racismo.

El pasado 11 de enero, más de mil jóvenes de la periferia de Sao Paulo se reunieron en el lujoso centro comercial Itaquera. Iban a vitrinear y a expresar su aburrimiento de una sociedad que los excluye por su color de piel y su precaria situación económica.

Seguían los brasileños el ejemplo de las “Flash Mobs” que en Estados Unidos y Europa convocan a miles de personas a través de las redes sociales. Se dan cita, con efusividad plantean su descontento y después se dispersan.

Pero en Itaquera fueron expulsados por la policía militar con gases lacrimógenos. A la violenta respuesta de la autoridad se sumó la justicia la cual optó por prohibir los encuentros en lugares privados por ser “impropios” y multar hasta con 3 mil dólares a quienes participen.

Los vigilantes y guardias de seguridad podrán seguir entonces impidiendo a ciertas personas que ingresan a los centros comerciales o a cualquier  establecimiento privado si consideran que van a cometer algún tipo de crimen. Una facultad que les permite excluir a negros, indígenas y pobres sin tener que rendir cuentas  como escriben ahora en sus pancartas los "rolezinhos": mundial en un Brasil racista que selecciona a la gente.

Se había demorado Brasil en debatir acerca del mito fundador de un país diverso pero igualitario. Así como las protestas del 2013 por el aumento de los “5 centavos” del transporte público hicieron sangrar la ampolla de la desigualdad económica, ahora el turno es para la discriminación racial.

Pablo Gentili (uno de los fundadores del Foro Mundial de Educación)  escribía en el 2012 en el diario El País, que la sociedad brasileña (sobre todo de derecha) y sus gobernantes vivían en un racismo cordial. Pero la tasa de homicidio y la violencia contra la población negra “sigue siendo una de las marcas indelebles de un racismo que nunca tuvo nada de cordial”, concluía.  

Según el último informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) “la posibilidad de homicidio de un joven negro (que incluye a los mulatos) es 3.7 veces mayor que un blanco.” Y la investigación también destaca que los negros y mulatos sufren un mayor número de agresiones por parte de los agentes de policía que los blancos (6.5% frente a 3.7%).

Desde el punto de vista económico, los negros (pretos) ganan 36% menos que los blancos y los asiáticos, en un país donde representan el 48,2% de los trabajadores del país.

Y los índices siguen siendo dispares en educación, salud y desempleo entre blancos y negros. Bien destacaba un amigo cuando veía la televisión en Brasil: sin partidos de fútbol y sin telenovelas, cuando uno ve la programación local pensaría que está en un país nórdico.

En efecto, la diversidad se celebra a la hora de la música, del carnaval y del deporte pero poco se transmite en la práctica económica, política y social. Esa es la denuncia que quieren hacer visibles los “rozelinhos” quienes aseguran que no son anarquistas como los miembros del Black Bloc que infiltraron algunas de las agresivas manifestaciones del año pasado.

Están exigiendo los adolescentes más que un derecho a divertirse, que los incluyan en la sociedad de consumo que el gobierno del Partido de los Trabajadores (Rousseff y Lula) está construyendo y que no los juzguen por su color.

Los esfuerzos de Dilma Rousseff para hacer cumplir las cuotas raciales y sociales en las universidades federales no son suficientes para ellos. “La clase C” como los catalogan ahora los expertos, por haber salido de la pobreza extrema, quiere más. Saben que no tienen ni representación con los políticos ni espacio en las ciudades.

Por el momento, los centros comerciales de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Niteroi o Santa Catarina prefieren cerrarles sus puertas y evitar los problemas. No obstante los "rolezinhos” ya lo han advertido: si para dejar de ser ciudadanos de segunda categoría tienen que sabotear el mundial, no dudarán en hacerlo. No necesitan favores de los blancos. Reclaman que los consideren brasileños de verdad y que se acabe el apartheid tropical.