08/01/2014
María Camila Morales
Arrancó el 2014 y en
Panamá empiezan a recordar los estragos de la conquista española. Si algo dejó
claro aquella época es que El Dorado no existe y que en tierras
latinoamericanas el engaño no solamente le funciona a los “extranjeros”.
La constructora Sacyr
Vallerhermoso S.A. (con sus socios belgas, italianos y panameños) quería
enriquecerse con la ampliación del Canal de Panamá. Eso se llama “hacer
negocios” o simplemente capitalismo. Pero lo que no sabían en Panamá era que
los españoles estaban arruinándose (prefieren llamarlo problemas de flujo de
caja) y que la mega obra interoceánica era su única salvación. Un proyecto que
les permitiría, gracias a la generosidad de Panamá, volver a llenar sus cuentas
bancarias y posiblemente terminar la ampliación del Canal.
No fue ni es nada
nuevo el sistema de las licitaciones en América Latina que opta por las obras
baratas. Un proceso que preocupa al Banco Mundial y al Banco Interamericano de
Desarrollo. ¿Cuál es el modus operandi?
Gana la licitación el
proponente con la cotización más baja (por lo general extranjero con alto
pedigrí y experiencia). El gobierno
otorga el proyecto al precio menor ofrecido para ahorrar en sus presupuestos. Pero
entre más inverosímil es la cifra, más “amistad” se crea entre los
intermediarios de los diferentes equipos que negocian. Y cuando ya está en la
mitad de las obras, el consorcio pide millones de dólares adicionales
argumentando “imprevistos” o “causa mayor”.
Con este tipo de
“sorpresiva” solicitud por arte de magia aparece la cifra real de la
licitación. Pero frenar la construcción de infraestructura, se convierte en un
fracaso para los gobiernos y prefieren, en la mayoría de casos, pagar este
nuevo sobrecosto. Cuando optan por acudir a la justicia, el tiempo los perjudica y los costos también.
El modus operandi es finalmente corrupción o fraude, maquillado como una licitación
pública en la que participan las empresas, abogados, ministerios y entidades de
control que se prestan al juego de voluntades superiores. Y la fórmula suele
funcionar.
El Grupo Unidos por el
Canal, liderado por Sacyr, aplicó en el 2009 al pie de la letra la receta que
sabe utilizar para venderse a los gobiernos y políticos. No en vano tiene
procesos pendientes por incumplimiento de contratos en Murcia, Sevilla o
Tenerife. Además los colombianos recuerdan los siete años de proceso con el
Estado por la carretera del Magdalena Medio (Commsa) que Sacyr no entregó
escudándose en problemas de licencias ambientales y “costes inasumibles”.
Pero ni los líos
jurídicos ni saber que su ex presidente Luis del Rivero está imputado en el
mayor caso de corrupción del Partido Popular, conocido como “Papeles Bárcenas”,
preocupó a Ricardo Martinelli. Para los 100 años del Canal, los españoles
dejarían (una vez más) su huella en América Latina.
Ahora resulta que a
los cálculos de Sacyr y socios, les quedaron faltando 1.600 millones de dólares
para completar la ampliación. Insisten que no es culpa de ellos sino de la
Autoridad del Canal de Panamá. Explican que hubo una equivocación en las
proyecciones geológicas de los panameños y están dispuestos a llevar el error a
arbitraje internacional.
Lo que no deja de
sorprender en este escándalo es la complacencia de los dos gobiernos. Lo que
los franceses llamarían : laisser-faire institucional.
La Autoridad del Canal
de Panamá, que regula las relaciones dentro del Canal, venía funcionando sin
pena ni gloria pero demostrando que podía administrar el 5% del transporte
marítimo mundial sin necesidad de los estadounidenses. Por eso la ampliación
debía ser la prioridad, para iniciar una nueva era frente a los desafíos del
tráfico de buques de mayor calado y sobretodo de los proyectos de Nicaragua
(canal) y de Guatemala (carretera).
En España ahora la
prensa está descubriendo las artimañas (contabilidad a futuro y no real) de
Sacyr para engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pero en
vez de denunciarlo, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, viaja a blindar el
nombre de España en Panamá.
Mientras tanto en el istmo
se acuerdan hoy de los cables de Wikileaks (revelados en diciembre del 2010),
en los que la embajadora de Estados Unidos, Bárbara Stephenson, transmite a su
gobierno la preocupación del canciller Juan Carlos Varela. Un desastre, habría
comentado el jefe de la diplomacia panameña añadiendo “uno no puede hacer
chapuzas con el Canal […] cuando uno de los licitantes hace una oferta de 1.000
millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal.” No
obstante, Martinelli le dio su apoyo a Sacyr y fue a inspeccionar los avances
para felicitarlos en el 2013.
La ampliación del
Canal no es más que una radiografía de la corrupción que tanto denuncian los
europeos pero con la cual colaboran (o instigan) en América Latina.
Queda ahora por ver,
quién facilitará el dinero para que no se interrumpan las obras. El diario El Confidencial escribe que Sacyr está
en discusiones con el Banco HSBC y con Banesco. Los norteamericanos están muy
pendientes del arbitraje. Y desde la distancia, la chequera de los chinos está
lista para nuevas inversiones.
Sin embargo, bien se
pregunta en su blog Guru Huki: ¿quién acabará pagando el pato del sobrecosto de
las obras de la ampliación del Canal de Panamá?. Y da tres opciones: los
ciudadanos españoles e italianos vía algún préstamo blando encubierto otorgado
a Sacyr e Impregilo, los panameños vía más impuestos o los accionistas de los
socios del consorcio.
Pero desde ya
deberíamos sumar a las opciones una lista con los responsables ante la
justicia. Si la farsa de la licitación de la ampliación del Canal de Panamá queda sin culpables
no habremos aprendido mucho desde los espejismos que vendían los conquistadores
a su reino.
