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lunes, 27 de enero de 2014

El nuevo mar de Perú


27/01/2014
  
María Camila Morales

En la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se zanjan diferendos y como tal hay perdedores y ganadores. El resultado puede que no sea del agrado de las partes, pero el país que piense que los jueces van simplemente a comentar un “statu quo” está muy equivocado. Por más salomónicos que intenten presentar los fallos, nadie sale satisfecho de un juicio limítrofe.

Perú logró una victoria relativa frente a Chile. Según la argumentación del fallo, la CIJ considera que sí hay una frontera marítima entre los dos países. Lo sustenta no por los tratados existentes, sino por “un acuerdo tácito” entre Chile y Perú. Es decir, por el comportamiento que han tenido durante más de 50 años los dos países respecto al paralelo que seguía la frontera terrestre.

Los jueces ratificaron un punto costero preciso, llamado Hito N.1, como el inicio para la proyección de un paralelo en cuanto al curso fronterizo. Pero decidieron que la delimitación marítima a lo largo de dicho paralelo se extendía sólo hasta una distancia de 80 millas náuticas y no a las 200 millas que se atribuyó Chile. Un cálculo más equitativo según los jueces quienes tomaron en cuenta la actividad pesquera y policial de la zona. Establecieron que a partir de las 80 millas, habrá una línea equidistante respecto a las costas de los dos países (hasta alcanzar el límite de las 200 millas náuticas). Un recorte que, según el presidente Ollanta Humala, le otorga a Perú “50.000 kilómetros cuadrados de derechos soberanos” en el Pacífico.

Sin duda Chile perdió una parte de su mar y Perú amplió su zona económica exclusiva. Sin embargo, para poder implementar el fallo de La Haya, es decir las nuevas coordenadas marítimas que la CIJ se abstuvo de definir, los dos países tendrán que ponerse de acuerdo. Así lo dice el mismo fallo: “en un espíritu de buena vecindad”.

Se impone entonces la necesidad de pactar todos los detalles de nuevos acuerdos pesqueros y de sobrevuelo de espacio marítimo que se desprenden de la modificación de una frontera. De lo contrario, no habrán servido de nada los cinco años y medio de proceso en La Haya.

Por eso tiene valor que el presidente Sebastián Piñera haya dicho que el fallo es vinculante para su país y que la electa Michelle Bachelet insistiera en que a pesar de ser una pérdida dolorosa, el fallo es obligatorio y así se comportará su gobierno. Por otro lado que su colega Ollanta Humala no haya pronunciado un discurso despectivo también es importante. Los dos países tienen que encontrar un camino común para implementar el fallo y sus actitudes constructivas son un buen augurio.

Deberán negociar pensando sobre todo en los intereses de la pesca artesanal de los habitantes de Tacna (Perú) y Arica (Chile). Una política firme frente a la presión de la industria pesquera nacional e internacional que siguió muy de cerca el juicio. Ahora no se trata de incitar a un patriotismo efervescente entre los peruanos ni de encontrar culpables entre los chilenos.

No son los jueces de La Haya, ni las instancias internacionales las que por arte de magia solucionarán vecindades frágiles. En La Haya deciden en derecho pero bajo la lupa matemática la cual tiende a ser “equitativa” pero no necesariamente conveniente para todos.

Si los países latinoamericanos con problemas de fronteras no entienden que antes de llegar a La Haya hay que evitar los tambores de guerra no avanzarán en la anhelada unión regional que tanto proclaman y predican (Celac, Alianza del Pacífico y demás). Ojalá que Chile y Perú cumplan la promesa de acatar el fallo demostrando que han iniciado una nueva época de cooperación, responsabilidad jurídica y sobre todo de madurez diplomática entre vecinos.

miércoles, 22 de enero de 2014

¡No habrá mundial en Brasil!


22/01/2014
  
María Camila Morales

La alegría del mundial de fútbol no la comparten todos y en especial en Brasil. La frase del titular no la escribe ni la FIFA ni el gobierno de Dilma Rousseff aunque tendrían razones de sobra ya que las obras están muy retrasadas.

La amenaza contra la cita mundialista la lanzan los “rolezinhos”: ¡no habrá mundial! Son adolescentes de los sectores pobres de las principales ciudades del país, los cuales están haciendo visible un problema que aqueja a la sociedad brasileña: el racismo.

El pasado 11 de enero, más de mil jóvenes de la periferia de Sao Paulo se reunieron en el lujoso centro comercial Itaquera. Iban a vitrinear y a expresar su aburrimiento de una sociedad que los excluye por su color de piel y su precaria situación económica.

Seguían los brasileños el ejemplo de las “Flash Mobs” que en Estados Unidos y Europa convocan a miles de personas a través de las redes sociales. Se dan cita, con efusividad plantean su descontento y después se dispersan.

Pero en Itaquera fueron expulsados por la policía militar con gases lacrimógenos. A la violenta respuesta de la autoridad se sumó la justicia la cual optó por prohibir los encuentros en lugares privados por ser “impropios” y multar hasta con 3 mil dólares a quienes participen.

Los vigilantes y guardias de seguridad podrán seguir entonces impidiendo a ciertas personas que ingresan a los centros comerciales o a cualquier  establecimiento privado si consideran que van a cometer algún tipo de crimen. Una facultad que les permite excluir a negros, indígenas y pobres sin tener que rendir cuentas  como escriben ahora en sus pancartas los "rolezinhos": mundial en un Brasil racista que selecciona a la gente.

Se había demorado Brasil en debatir acerca del mito fundador de un país diverso pero igualitario. Así como las protestas del 2013 por el aumento de los “5 centavos” del transporte público hicieron sangrar la ampolla de la desigualdad económica, ahora el turno es para la discriminación racial.

Pablo Gentili (uno de los fundadores del Foro Mundial de Educación)  escribía en el 2012 en el diario El País, que la sociedad brasileña (sobre todo de derecha) y sus gobernantes vivían en un racismo cordial. Pero la tasa de homicidio y la violencia contra la población negra “sigue siendo una de las marcas indelebles de un racismo que nunca tuvo nada de cordial”, concluía.  

Según el último informe del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) “la posibilidad de homicidio de un joven negro (que incluye a los mulatos) es 3.7 veces mayor que un blanco.” Y la investigación también destaca que los negros y mulatos sufren un mayor número de agresiones por parte de los agentes de policía que los blancos (6.5% frente a 3.7%).

Desde el punto de vista económico, los negros (pretos) ganan 36% menos que los blancos y los asiáticos, en un país donde representan el 48,2% de los trabajadores del país.

Y los índices siguen siendo dispares en educación, salud y desempleo entre blancos y negros. Bien destacaba un amigo cuando veía la televisión en Brasil: sin partidos de fútbol y sin telenovelas, cuando uno ve la programación local pensaría que está en un país nórdico.

En efecto, la diversidad se celebra a la hora de la música, del carnaval y del deporte pero poco se transmite en la práctica económica, política y social. Esa es la denuncia que quieren hacer visibles los “rozelinhos” quienes aseguran que no son anarquistas como los miembros del Black Bloc que infiltraron algunas de las agresivas manifestaciones del año pasado.

Están exigiendo los adolescentes más que un derecho a divertirse, que los incluyan en la sociedad de consumo que el gobierno del Partido de los Trabajadores (Rousseff y Lula) está construyendo y que no los juzguen por su color.

Los esfuerzos de Dilma Rousseff para hacer cumplir las cuotas raciales y sociales en las universidades federales no son suficientes para ellos. “La clase C” como los catalogan ahora los expertos, por haber salido de la pobreza extrema, quiere más. Saben que no tienen ni representación con los políticos ni espacio en las ciudades.

Por el momento, los centros comerciales de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Niteroi o Santa Catarina prefieren cerrarles sus puertas y evitar los problemas. No obstante los "rolezinhos” ya lo han advertido: si para dejar de ser ciudadanos de segunda categoría tienen que sabotear el mundial, no dudarán en hacerlo. No necesitan favores de los blancos. Reclaman que los consideren brasileños de verdad y que se acabe el apartheid tropical.







miércoles, 8 de enero de 2014

La maldición del Canal de Panamá


08/01/2014

María Camila Morales

Arrancó el 2014 y en Panamá empiezan a recordar los estragos de la conquista española. Si algo dejó claro aquella época es que El Dorado no existe y que en tierras latinoamericanas el engaño no solamente le funciona a los “extranjeros”.

La constructora Sacyr Vallerhermoso S.A. (con sus socios belgas, italianos y panameños) quería enriquecerse con la ampliación del Canal de Panamá. Eso se llama “hacer negocios” o simplemente capitalismo. Pero lo que no sabían en Panamá era que los españoles estaban arruinándose (prefieren llamarlo problemas de flujo de caja) y que la mega obra interoceánica era su única salvación. Un proyecto que les permitiría, gracias a la generosidad de Panamá, volver a llenar sus cuentas bancarias y posiblemente terminar la ampliación del Canal.

No fue ni es nada nuevo el sistema de las licitaciones en América Latina que opta por las obras baratas. Un proceso que preocupa al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el modus operandi?

Gana la licitación el proponente con la cotización más baja (por lo general extranjero con alto pedigrí y experiencia).  El gobierno otorga el proyecto al precio menor ofrecido para ahorrar en sus presupuestos. Pero entre más inverosímil es la cifra, más “amistad” se crea entre los intermediarios de los diferentes equipos que negocian. Y cuando ya está en la mitad de las obras, el consorcio pide millones de dólares adicionales argumentando “imprevistos” o “causa mayor”.

Con este tipo de “sorpresiva” solicitud por arte de magia aparece la cifra real de la licitación. Pero frenar la construcción de infraestructura, se convierte en un fracaso para los gobiernos y prefieren, en la mayoría de casos, pagar este nuevo sobrecosto. Cuando optan por acudir a la justicia, el tiempo los perjudica y los costos también.

El modus operandi es finalmente corrupción o fraude, maquillado como una licitación pública en la que participan las empresas, abogados, ministerios y entidades de control que se prestan al juego de voluntades superiores. Y la fórmula suele funcionar.

El Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr, aplicó en el 2009 al pie de la letra la receta que sabe utilizar para venderse a los gobiernos y políticos. No en vano tiene procesos pendientes por incumplimiento de contratos en Murcia, Sevilla o Tenerife. Además los colombianos recuerdan los siete años de proceso con el Estado por la carretera del Magdalena Medio (Commsa) que Sacyr no entregó escudándose en problemas de licencias ambientales y “costes inasumibles”.

Pero ni los líos jurídicos ni saber que su ex presidente Luis del Rivero está imputado en el mayor caso de corrupción del Partido Popular, conocido como “Papeles Bárcenas”, preocupó a Ricardo Martinelli. Para los 100 años del Canal, los españoles dejarían (una vez más) su huella en América Latina.

Ahora resulta que a los cálculos de Sacyr y socios, les quedaron faltando 1.600 millones de dólares para completar la ampliación. Insisten que no es culpa de ellos sino de la Autoridad del Canal de Panamá. Explican que hubo una equivocación en las proyecciones geológicas de los panameños y están dispuestos a llevar el error a arbitraje internacional.

Lo que no deja de sorprender en este escándalo es la complacencia de los dos gobiernos. Lo que los franceses llamarían : laisser-faire institucional.

La Autoridad del Canal de Panamá, que regula las relaciones dentro del Canal, venía funcionando sin pena ni gloria pero demostrando que podía administrar el 5% del transporte marítimo mundial sin necesidad de los estadounidenses. Por eso la ampliación debía ser la prioridad, para iniciar una nueva era frente a los desafíos del tráfico de buques de mayor calado y sobretodo de los proyectos de Nicaragua (canal) y de Guatemala (carretera).

En España ahora la prensa está descubriendo las artimañas (contabilidad a futuro y no real) de Sacyr para engañar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pero en vez de denunciarlo, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, viaja a blindar el nombre de España en Panamá.

Mientras tanto en el istmo se acuerdan hoy de los cables de Wikileaks (revelados en diciembre del 2010), en los que la embajadora de Estados Unidos, Bárbara Stephenson, transmite a su gobierno la preocupación del canciller Juan Carlos Varela. Un desastre, habría comentado el jefe de la diplomacia panameña añadiendo “uno no puede hacer chapuzas con el Canal […] cuando uno de los licitantes hace una oferta de 1.000 millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal.” No obstante, Martinelli le dio su apoyo a Sacyr y fue a inspeccionar los avances para felicitarlos en el 2013.

La ampliación del Canal no es más que una radiografía de la corrupción que tanto denuncian los europeos pero con la cual colaboran (o instigan) en América Latina.

Queda ahora por ver, quién facilitará el dinero para que no se interrumpan las obras. El diario El Confidencial escribe que Sacyr está en discusiones con el Banco HSBC y con Banesco. Los norteamericanos están muy pendientes del arbitraje. Y desde la distancia, la chequera de los chinos está lista para nuevas inversiones.

Sin embargo, bien se pregunta en su blog Guru Huki: ¿quién acabará pagando el pato del sobrecosto de las obras de la ampliación del Canal de Panamá?. Y da tres opciones: los ciudadanos españoles e italianos vía algún préstamo blando encubierto otorgado a Sacyr e Impregilo, los panameños vía más impuestos o los accionistas de los socios del consorcio.


Pero desde ya deberíamos sumar a las opciones una lista con los responsables ante la justicia. Si la farsa de la licitación de la ampliación del Canal de Panamá queda sin culpables no habremos aprendido mucho desde los espejismos que vendían los conquistadores a su reino.